Por Fausto Herrera Catalino[1]
Algunos actores del sistema de partidos políticos juntos, extrañamente, a voceros al servicio oficialista, descalifican el pedido de la renuncia del presidente Danilo Medina por un grupo de activistas e intelectuales dominicanos.
A ese respecto, en abierta contradicción con su función de árbitro, el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaños Guzmán, externó destemplados juicios faltos de la inteligencia emocional que impone su investidura. Esta señal cuestionó, seriamente, la imparcialidad de su futuro desempeño.
En uso de sus derechos políticos, los firmantes del manifiesto someten a la consideración ciudadana un plan con los tres puntos siguientes: “1) Renuncia del presidente Danilo Medina, 2) Acuerdo político ciudadano y 3) Nuevo orden democrático”.
En sus motivaciones señalan: “El objetivo central e inmediato de la lucha ciudadana es producir la renuncia de Danilo Medina por ser un presidente ilegal que se reeligió violando la Constitución y la legislación electoral y utilizando los sobornos y las sobrevaluaciones de las obras públicas contratadas con la transnacional mafiosa Odebrecht, y como consecuencia de ello llamando a nuevas elecciones presidenciales, congresuales y municipales en un término de un año.”
Los defensores del “orden jurídico”, inexistente en nuestro país, se alarman y pretenden atemorizar con el peligro de la ruptura de la gobernabilidad. Esa es una campaña que procura la desorientación general. Se oponen al cambio necesario e inminente para que el país supere una crisis progresiva.
El Partido de la Liberación Dominicana, en tres ocasiones, demandó la renuncia a los presidentes Joaquín Balaguer, Salvador Jorge Blanco y al síndico de la capital Johnny Ventura. También propuso el líder histórico del PLD una junta cívico militar para desconocer el triunfo del presidente Antonio Guzmán en 1978. ¿Qué moral tienen ahora?
El presidente Danilo Medina, pidió “déjenme trabajar”. Sin embargo, lo que se cuestiona es su complicidad al “dejar hacer y pasar” la impunidad constituida en su gobierno que practica una mafiocracia.
La constitución de la República Dominicana en su artículo 146 dispone: “Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado.”
Algunas faltas graves que acusan al presidente dominicano:
- La vigencia de 94 expedientes de corrupción administrativa sin castigo. En su mandato se agregaron otros casos OISOE, CEA, LAJUM, ODEBRECHT, el emporio de Diandino, venta del Barrios Los Tres Brazos por CORDE, la irregular licitación de Pro competencia y el privilegios de José Ramón Peralta, ministro administrativo hacen que habichuelas pasen de RD$19 a RD$55 por libra a la población dominicana, entre otros recientes escándalos.
- La evidencia de obstrucción a la justicia, notoria en los casos de los aviones Tucanos y Odebrecht, a través de su Procurador General, quién en los expedientes acusatorios ha cometido errores y omisiones. Son las tramas para que las técnicas jurídicas prosperen al amparo del “debido proceso” que invoca la élite política nacional a favor de los selectivos prevenidos.
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- Dijo a inicio de su primer período “recibí una maleta llenas de facturas”, denunció el nefasto acuerdo con la Barrick Gold en la Asamblea Nacional, pero hoy la transparencia no existe y la ciudadanía desconoce el convenio vigente.
El Consejo Económico y Social que preside monseñor Agripino Núñez Collado descubrió un déficit de más de 205 mil millones, a resultas de la compra de las elecciones del año 2012.
El actual ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, escribió: Restablecer reelección fue “mercantilista” y “una operación de compra y venta de votos”.
- En la licitación de las termoeléctricas de Punta Catalina expertos de la ingeniería sostienen que hubo un sobre costo entre 500 y 600 millones de dólares. En el caso, se ha dicho que el presidente intervino y Odebrecht aceptó rebajar 100 millones adicionales a las obras indicadas.
- Para pedir rendición de cuentas ante la Cámara de Diputados, al presidente y otros funcionarios que en sus desempeños violan leyes y la Constitución. Es suficiente pedir explicación del endeudamiento desenfrenado y la relación de los pagos autorizados a la Odebrecht desde el Banco de Reservas como denunciaron los diputados Faride Raful y, Wellington Arnaud, con las irregularidades en el manejo del Presupuesto Nacional.
Los indicios señalados y otros aún no revelados en los casos declarados complejos, por los cúmulos de intereses involucrados. El pedimento del manifiesto en cuestión es pertinente, el presidente Medina y su Partido de la Liberación Dominicana son los obstáculos para la regeneración moral y democrática que demanda el país en el quehacer político nacional.
Por cuanto la Constitución Dominicana, reconoce “Artículo 49. Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.”
Es un debate en el ámbito de la lucha por el poder político. ¿Quién manda, quién decide? La historia está hecha de choques sucesivos en la interpretación del filósofo alemán Hegel.
La peor de las actitudes es la indiferencia.
Es preciso preferir la esperanza, la esperanza de la no violencia que postula la Marcha Verde.
22 de junio de 2017
