SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Inspectoría del Poder Judicial sería el objetivo detrás de las suspensiones de funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria, debido a la labor de investigación de la corrupción en los estratos encumbrados del organigrama de ese poder del Estado. Además de la suspensión de los funcionarios importantes de la Jurisdicción Inmobiliaria, Fran Soto Sánchez habría solicitado la suspensión de otros tres funcionarios, decisión que supuestamente se habría adoptado.
De acuerdo con los datos recibidos por Acento la Inspectoría ha realizado 82 inspecciones ordinarias y 174 inspecciones extraordinarias, aparte de 45 inspecciones a la Jurisdicción Inmobiliaria y otras 79 extraordinarias, aparte de 413 inspecciones de conocimientos y 102 inspecciones ministeriales.
Esas inspecciones habría develado algunos negocios que pondrían en serios cuestionamientos a algunos de los más conocidos miembros del Poder Judicial. La Inspectoría depende del Consejo del Poder Judicial y le rinde sus informes a ese consejo. Allí acudió para presentar su queja el magistrado Fran Soto Sánchez, de acuerdo con un informe al que tuvo acceso Acento, y que está siendo conocido por un departamento de la embajada de los Estados Unidos. El informe está en inglés. Una traducción libre, del especialista en traducción de Acento, Iván Pérez Carrión, dice lo siguiente:
los magistrados Hirohito Reyes y Fran Soto Sánchez
Resumen: El 13 de febrero de 2019, el Juez de la Corte Suprema, Fran Euclides, Soto Sánchez, se habría reunido con el Consejo Judicial Dominicano para quejarse de que las filtraciones de la oficina del IG (Inspectoría Judicial) de un documento de la oficina de registro de propiedades, en la Ref. A, el tuit, y los informes de los medios de comunicación (Refs C, D y E), impugna su propia integridad. El Juez Soto ofreció los nombres de dos funcionarios del Inspector General Judicial y tres funcionarios de la oficina de propiedades que, según él, fueron responsables de una violación de su privacidad. El Consejo Judicial acordó suspender inmediatamente de manera administrativa a los cinco (5) funcionarios imputados, cada uno de los cuales apoyaba las investigaciones de corrupción de IG en la oficina del Registro de la Propiedad (Jurisdicción Inmobiliaria). El Consejo Judicial luego nombró a sus tres miembros con mayor desafío ético para realizar una investigación antes de decidir sobre los despidos permanentes de los nombrados por Soto. El IG ve la decisión como un ataque frontal a la misión anticorrupción del IG.
El documento se refiere también a los antecedentes del magistrado Fran Soto y a la naturaleza de su queja, porque él vendió una propiedad, una casa, al empresario y sindicalista Arsenio Quevedo, acusado de varios delitos criminales.
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Antecedentes:
El tuit Ref. A de Julio Cury. señala que el juez de la Corte Suprema, Fran Euclides Soto Sánchez debería “explicar al país” su relación con Arsenio Quevedo, quien fue absuelto en marzo de 2018 en un caso que atrajo la atención nacional. Como figura sindical del transporte, Quevedo fue acusado de contratar “sicarios” para asesinar a conductores de transporte público. (cobertura de los medios en las referencias C, D y E). El tuit incluye lo que parece ser la copia de un registro de propiedad oficial / documento de título que muestra la transferencia de un condominio entre el absuelto Quevedo y el juez de la Corte Suprema, Fran Soto Sánchez.
El 13 de febrero de 2019, el juez Fran Soto se presentó en un Consejo del Poder Judicial para quejarse de que ha existido una violación de la confidencialidad en la oficina de registro de la propiedad, con un documento de título de condominio que llegó hasta las manos del abogado dominicano y frecuente comentarista del sector de la justicia, Julio Cury, que cuenta con un número considerable de seguidores en Twitter y en la televisión. Soto denunció que su “privacidad había sido violada”, y le dijo al Consejo que “tenía los nombres de los responsables”. El primer nombre en la lista de Fran Soto fue [para proteger] a Ney Soto [no se conoce la relación con Fran Soto], el “controlador” de confianza del IG y un experto en software de titulación de títulos de propiedad que ha sido vinculado operativamente con la oficina del registrador de propiedad para investigaciones de corrupción del IG. Ney Soto ha sido un activo invaluable como maestro del software de registro, capaz de encontrar y documentar una serie de casos de corrupción de títulos de propiedad de alto perfil. También nombrada por Fran Soto estaba Carmen Alcántara, miembro de la oficina del IG, y otros tres funcionarios [NFI].
El Consejo Judicial escuchó al juez Soto, del Tribunal Supremo; luego acordó suspender a las cinco personas nombradas en espera de una investigación adicional (usurpando el papel del IG titular). El Consejo Judicial nombró entonces a tres miembros del Consejo Judicial para investigar los hechos. Para consternación del IG, los tres nombrados para llevar a cabo la investigación destacan por trabajar con Fran Soto y en contra y con propósitos que se cruzan con los esfuerzos del IG para combatir la corrupción en el poder judicial; específicamente: Sara Isahac Henrique Marin, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo; el primero, propenso a irregularidades en el gasto oficial y el tráfico de influencias, y los dos últimos vinculados con frecuencia a Fran Soto, figuras caracterizadas por los vigilantes de la sociedad civil y expertos judiciales bien informados, que participan regularmente en el tráfico de influencias y la protección de los funcionarios judiciales corruptos.
El propio Inspector General está desanimado por la decisión del Consejo, que interpreta como un esfuerzo de contrarreforma para enfocar y eliminar su personal activo y de confianza. Además, el IG teme que esto sea un ataque frontal a los recientes éxitos de la oficina del IG, y un intento por revertir los éxitos, en parte, gracias a la asistencia de la Misión de EE. UU., que ha permitido al IG fomentar más eficazmente la cultura de integridad judicial. eliminando lo que había sido la corrupción judicial generalizada, parte de la cual condujo a altos funcionarios judiciales.
El IG también sospecha que el nombramiento de los tres miembros del Consejo Judicial con mayor desafío ético para llevar a cabo la investigación de la “filtración”, forme parte de una estrategia que, en última instancia, tratará de sacarlo del puesto de IG y debilitará permanentemente la oficina del IG.
