La empresa constructora brasileña Odebrecht tenía en las empresas “offshore” uno de sus principales instrumentos para pagos fuera de su contabilidad ordinaria y que registraba a través de su División de Operaciones Estructuradas, mejor conocida ahora como “Unidad de Sobornos”, a través de la cual pagó en República Dominicana al menos 130 millones de dólares.
La empresa brasileña reconoció en el acuerdo de lenidad con el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que entre el año 2002 y 20145 pagó cientos de millones de dólares en sobornos en once países, incluyendo República Dominicana, donde en ese momento admitía haber pagado 92 millones de dólares en sobornos.
La Procuraduría General de la República planteó en la página once de su solicitud de apertura a juicio que la empresa brasileña utilizaba dos empresas “offshores” de Ángel Rondón, creadas en Antigua y Barbuda, para hacer los pagos por los que el Ministerio Público abrió el caso que hoy cursa en Justicia.
Las empresas en cuestión eran Lashan Corp y Conamsa Internacional.
También le atribuye a Víctor Díaz Rúa utilizar dos “offshore” creadas en Panamá para recibir pagos de Odebrecht.
“Las sociedades ‘offshore’ o de pantalla, creadas en Panamá, son también utilizadas por el imputado Víctor Díaz Rúa, quien es el mayor accionista de Mykonos Administration y Oriental Sidewalk”, indica la solicitud de apertura a juicio.
También le atribuye haber utilizado las sociedades Newport Consultin Ltd. y Aragon Bussines Ltd, constituidas en Antigua y Barbuda por Conrado Pittaluga, encartado también como imputado.
‘Offshore’ de Odebrecht
La Procuraduría le atribuye a Odebrecht haber utilizado las empresas “offshore” Klienfield Services, Constructora Internacional del Sur, Innovation Research Engineering and Develoment, Fasttraker Global Trading y Trinder Inter Trading “en el esquema de sobornos a través de la División de Operaciones Estructuradas, haciendo constar que dicho rol consistía en abrir. operar y manejar, por intermedio de terceras personas físicas o jurídicas, las cuentas desde las cuales se realizaban los pagos instruidos por la División de Operaciones Estructuradas”.
Por la utilización de ese esquema y bajo la acusación de haber sido el intermediario para pagar los sobornos de Odebrecht, la Procuraduríasometió a la Justicia a Ángel Rondón, quien deberá enfrentar un juicio de fondo.
También fueron encartados en el expediente acusados de recibir sobornos de la empresa brasileña los exfuncionarios Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y el abogado Conrado Pitatluga.
Punta Catalina
Justamente el esquema se repite, en algunos casos con las mismas empresas utilizadas para hacer los pagos, al develarse otros pagos similares en al menos siete países de América Latina, los cuales no habían salido a relucir hasta el momento.
El Consorcio de Periodistas de Investigación, que en el país representa Alicia Ortega, reveló que en República Dominicana se realizaron pagos por unos 39 millones de dólares a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, y que no fueron revelados en la acusación presentada por la Procuraduría General de la República ni en lo que había hecho público por la constructora brasileña
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Esos pagos estaban registrados como relacionados a la obra “Planta Termo”, forma en que en División de Operaciones Estructuradas se refería a las plantas de carbón de Punta Catalina, contratadas en 2013 por 1,945 millones de dólares, pero que en la actualidad ha tenido un sobrecosto superior a los 411 millones de dólares.
“Pagos ocultos”
Las nuevas revelaciones atrajeron nuevas empresas “offshore” que recibieron pagos por 39 millones de dólares indentificados por Odebrecht como relacionados a la “Planta Termo”.
Las offshore identificadas en los nuevos documentos son: China Products Trading Group Limited, registrada en China desde 2010; Gross Ferner LLC, incorporada en las islas Saint Kitts y Nevis casi un año antes del primer pago de la termoeléctrica; Optimum Advisors Group, creada en Panamá en febrero de 2014, tres meses antes de recibir el primer pago de Punta Catalina; Sophus-Lanx Ltd, también registrada en Panamá desde 2011, así como Andina International Limited, Value Added Finance, Fundación Novalux y Baker Street Financial.
Estas empresas también recibían pagos de otras “offshore” de Odebrecht y aparecían registrados en la División de Operaciones Estructuradas.
Hasta el momento se ha identificado que Gregory Salcedo Llibre presidía las “offshore” Optimum Advisors y Value Added Finance, que entre las dos recibieron pagos por al menos 2.4 millones de dólares (unos 125 millones de pesos); Sophus Lanx, del renunciante subadministrador de Banca Gubernamental del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra, y a Baker Street Financial, del economista Andy Dahuajre, que recibió 3.3 millones de dólares.
En esos pagos no revelados hasta hace poco más de una semana también aparecen los hechos a Conamsa Internacional, propiedad de Ángel Rondón, quien fue encartado en el proceso judicial en curso por haber recibido pagos bajo el mismo esquema que en esta oportunidad, pero los relacionados a Punta Catalina no fueron incorporados en el expediente.
La Procuraduría ha alegado que no tiene esa información surgida ahora y anunció la apertura de una investigación para determinar la veracidad de los datos revelados, con la promesa de que si aparecen nuevos sospechosos serían encartados en el expediente.
Reacción
— La defensa
La constructora brasileña negó que haya ocultado informaciones a los países con los que ha hecho acuerdos, incluyendo República Dominicana, pero advirtió que no todos los pagos hechos a través de la División de Operaciones Estructuradas correspondan a actos de corrupción.
Andy y Gregory explican
Asesores. Andy Dauhajre y Gregory Salcedo Llibre han afirmado que los pagos recibidos fueron por concepto de trabajos de consultorías o asesorías dados al consorcio Odebrecht, que al momento de develarse el escándalo por sus pagos de sobornos en diciembre de 2016 era la constructora más grande de América Latina.
Sin embargo se les cuestiona que obtuvieron los contratos y posteriormente recibieron pagos luego de formar parte del equipo del Gobierno dominicano que trabajó en el proceso de licitación, en el que finalmente se le asignó la obra a la brasileña Odebrecht
