Por Juan Bolívar Díaz
No hay dudas de que la confrontación que tiene al borde de la división al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rebasa con mucho los límites de ese partido y se convierte en una crisis de la democracia dominicana. La debacle del partido que ha dominado la nación en 20 de los últimos 24 años, nos sorprende cuando se viene configurando una desestabilización económica, además de la política, institucional, y de seguridad ciudadana y servicios básicos que sufrimos desde hace años.
Llegamos a las elecciones primarias en medio de la mayor crisis del turismo dominicano en sus cuatro décadas de gran desarrollo, tras la cancelación de una alarmante proporción de las reservas que tenían los hoteles para la ya próxima temporada de invierno y para la siguiente. También con saltos preocupantes en la tasa cambiaria y reducción en 15 mil millones de pesos en los ingresos fiscales del 2019, reconocida por el presidente de la nación.
Nos alcanza esta crisis con una de las peores tandas de apagones y de escasez de agua de los últimos años, con grave epidemia de dengue, e indignación generalizadas tras acontecimientos como el atentado que casi cuesta la vida a David Ortiz, la indignación por las últimas revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht y por las complicidades en el escape de El Abusador, para sólo quedarnos en los últimos tres meses.
Y sin embargo, el principal ejecutivo de la corporación energética estatal, fue el jefe de la campaña electoral del delfín del presidente Danilo Medina, y los ministros de Salud y Turismo, y directores de los sistemas de agua y riego fueron encargados provinciales. Por suerte que el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, dijo que lo suyo era velar por los ingresos fiscales, cuando también le dieron una responsabilidad proselitista. Por encima de todos se vio al presidente de la República y la más abusiva irrupción del gobierno, lo que explica que Castillo gastara en propaganda en dos meses muchas veces más que todos los demás precandidatos presidenciales juntos de los dos partidos participantes en las primarias.
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Por una desenfrenada ambición de monopolizar el poder, o de volver a controlarlo, las facciones peledeístas convirtieron el certamen en un inmundo y vergonzante mercado de compra y venta de votos a la vista de todo el que quiso ver. Tanto que Participación Ciudadana con menos de medio millar de observadores, pudo advertir esa práctica criminal en la tercera parte (32.73%) de los centros de votación.
En el afán de mantener el poder a toda costa, los danilistas le pusieron una soga al cuello al presidente de su propio partido, para luego quejarse de que esté pataleando, como si no fuera lo normal en quien está siendo asfixiado, que si queda vivo le irá encima a sus verdugos. Y Leonel Fernández quedó vivísimo, aún si perdió por menos del 2 por ciento, ahora cosechando las siembras de abusos del Estado que instituyó hasta llevar a Medina al gobierno en el 2012.
La JCE y el gobierno no tienen mejor alternativa que atender los reclamos de revisión. Con las actas debería ser suficiente. Pero aún contar los cerca de 2 millones de votos luce la salida más corta. Sobre todo si los leonelistas no tienen razón y han perdido. Por cierto que habría ayudado que informaran cuál fue el resultado de la comprobación del voto físico con el electrónico en el 20% de las mesas de votación, que de haber sido una muestra aleatoria y secreta, casi triplicaba lo necesario para establecer el resultado real.
¿Confianza? ¿Racionalidad? Eso es mucho pedir, después de todas las desproporciones y los juramentos de que el poder del presidente no se desafía, porque siempre se impone. Pero, aunque puedan tener razones para desconfiar, a los leonelistas no les resultará fácil demostrar que hubo, aún si se produjo, manipulación electrónica.
Mientras el hacha va y viene, parece que en el PLD se rompió la taza, sin árbitros en capacidad de proponer soluciones, porque todos se apandillaron. Y comprometieron a los organismos partidistas y al Estado. Ellos admiten que es casi imposible evitar la división, con los actuales niveles de irracionalidad y confrontación, que cuando concurren dispersan hasta las familias, aún cuando saben que separados pierden todos.
Ojalá que el costo no sea grave para la sociedad, en términos económicos y sociales, como ya lo ha sido en la institucionalidad democrática. Y que sirva para que la sociedad civil, en especial las llamadas fuerzas vivas, apuesten más por los principios y las normativas que por los intereses individuales y coyunturales. Sobre todo al magnificarse los desafíos que nos esperan para febrero y mayo próximos.-
