Por Neo Carmona
Empecemos por lo primero: El aborto debe ser legal, seguro y con asistencia económica y emocional por parte del Estado en cualquier circunstancia que la mujer, como dueña de su cuerpo y de su vida, lo decida. Así de simple.
Pero mientras llegamos a ese nivel ideal de desarrollo, consciencia colectiva y sentido común, el legislador está en la obligación de garantizar que las mujeres, niñas y adolescentes; pobres y vulnerables, que se vean en la necesidad de recurrir a esta práctica, no sigan perdiendo sus vidas con abortos clandestinos. Las ricas, evidentemente, no tienen ese problema. Pues lo pueden hacer de forma segura fuera del país. Pero también dentro, porque ni que nos fuéramos a llamar a engaño.
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El oscurantismo religioso, la doble moral política y la hipocresía descarada no pueden seguir condenándonos como sociedad y condenando a nuestras mujeres, niñas y adolescentes a una muerte y traumas inminentes con embarazos incompatibles con sus vidas y productos de violaciones e incestos.
Y si no pueden ni siquiera garantizar las tres causales que darían paso, no a más abortos sino a que se practiquen de forma segura y sin riesgos para las mujeres, de qué nos sirve tener un código penal, un legislador y llamarnos un Estado de Derecho.
El presidente Luis Abinader está en la obligación moral no solo de observar el código si se aprobase sin las causales, sino también de propiciar, como líder del país y del partido que ostenta la mayoría en el Congreso Nacional, que sus legisladores y legisladoras aprueben un código penal que incluya, como mínimo, las tres causales. Tal y como se hace con los cuantiosos préstamos internacionales: de urgencia, en dos lecturas consecutivas y sin discusiones infames.
Es tiempo ya de marcar el rumbo que nos saque de la ignominia, el ostracismo y la vergüenza.
