La oposición de Venezuela volverá a la calle este miércoles para intentar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) agende la fecha de la segunda etapa del referéndum revocatorio del presidente, Nicolás Maduro. Esta vez la protesta se trasladará a las 23 capitales de la provincia, mientras que en Caracas la Mesa de la Unidad (MUD), la coalición de partidos opuestos al régimen que organiza estas manifestaciones, ha pedido a sus seguidores que se detengan 10 minutos a mediodía como una forma de sumarse a la actividad.
Esa segunda etapa del revocatorio consistirá en la recolección de las firmas equivalentes al 20 % del padrón electoral. Solo si la oposición las obtiene y supera la rigurosa verificación posterior, el CNE podrá entonces fijar la fecha del referéndum. De acuerdo con un cronograma anunciado en agosto por la presidenta del organismo, Tibisay Lucena, esa eventual elección podría celebrarse entre diciembre y la segunda quincena de febrero.
En ese cálculo el chavismo, que además controla el Poder Electoral, tendría todo a favor para permanecer en el poder. Si el referéndum se celebra después del 10 de enero de 2017 y la oposición logra obtener más votos que los que consiguió Maduro en las presidenciales sobrevenidas de abril de 2013, el vicepresidente de la República, que es nombrado por el jefe del Estado, quedaría al mando hasta el final del período. De ahí la urgencia de presionar en la calle por unas condiciones que permitan celebrar la consulta en diciembre de 2016.
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La MUD está pidiendo que los venezolanos interesados en revocar a Maduro puedan manifestarse en 14.000 centros de votación, tener a disposición unas 40.000 máquinas captahuellas y que el 20 % de las rúbricas obtenidas sean calculadas sobre la base de una circunscripción única nacional, como corresponde al cargo del presidente de la República. Dos de las cuatro rectoras chavistas del Poder Electoral son partidarias de exigir que cada uno de los 23 estados del país entregue el 20 % de los inscritos en el Registro Electoral.
Si esa propuesta se aprueba supondría un reto casi hercúleo para la oposición y pondría a prueba su capacidad de respuesta en entornos hostiles. En la etapa anterior el Gobierno colocó toda clase de obstáculos para que los interesados refrendasen que las firmas consignadas por la oposición les pertenecían. Se trataba de entregar el consentimiento del uno por ciento del padrón electoral. El CNE colocó pocas máquinas biométricas —para comparar el registro de la huella dactilar con su archivo— en locaciones rurales o alejadas de los sectores donde la oposición es amplia mayoría. A eso se suma la intimidación ejercida por las bandas paramilitares del chavismo y los eventuales obstáculos colocados en las vías con el propósito de impedir los traslados por autopistas y carreteras.
Esa protesta coincidirá con la nueva visita a Caracas del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien coordina junto a los exmandatarios Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá) los esfuerzos para lograr que gobierno y oposición dialoguen. Las gestiones, que responden a una iniciativa de la Unión de Naciones Sudamericanas, se han topado hasta ahora con el limitado interés de los actores involucrados, que ahora parecen más concentrados en liquidar a su adversario antes que en un pacto. La prueba más contundente de que la comunicación con una de las partes no es fluida podría estar en la reacción del líder opositor y principal impulsor del revocatorio, Henrique Capriles: “Nos enteramos por la prensa de la visita de Zapatero. Los venezolanos queremos revocatorio”.
