Por Guillermo Caram
- Emplazara al gobierno a que se reúna con los organizadores de la Marcha Verde para escuchar y analizar sus planteamientos a fin de tomar las decisiones y emprender las acciones convincentes y conducentes a detener la impunidad, premisa fundamental para combatir la corrupción.
- Formulara formal advertencia ante tribunales nacionales e internacionales, mediante actos o instancias formales, que el gobierno dominicano se resiste a dar cumpliendo pleno a las leyes nacionales en materia de sanciones a empresas que han incurrido en actos de soborno, especialmente en casos evidentes y/o admitidos; particularmente relacionado con las siguientes leyes:
- Ley 340’06 que ordena cancelar registros, rescindir contratos y analizar sobrevaluaciones
- Ley 200-04 sobre acceso a información pública
- Ley 72’02 sobre Lavado de Activos
- Ley 448’06 sobre soborno transnacional
- Ley 41’08 que sanciona a funcionarios beneficiados de sobornos
- Ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes
- Sus propias disposiciones como el compromiso ético suscrito por sus funcionarios derivados del decreto 486-12 sobre ética gubernamental
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- Demandara del gobierno la modificación de su política económica para que produzca mejores resultados sociales partiendo de corregir su fiscalidad deficitaria conforme las disposiciones presupuestarias vigentes y así poder simplificar la tributación y disminuir la dependencia al financiamiento externo; incluyendo medidas drásticas de austeridad como la reducción de la hipertrofia burocrática para lo cual cuenta con la Ley Orgánica de la administración publica(247-12) y la reorientación de los subsidios sociales para que en lugar de perpetuar la pobreza, ésta pueda superarse.
- Exigiera explicación al gobierno del porque no ha cumplido con los plazos y convocatorias mandadas en la ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO aprobada mediante Ley 1-12 que estableció:
- Plazos de hasta 5 años, ya cumplidos para reformar leyes –códigos, seguridad social, eficiencia energética, etc – y concertar pactos como el eléctrico y el fiscal
- Reuniones anuales ordenadas para dar seguimiento y revisión con las fuerzas políticas (art. 40, ley 1-12) incluyendo una con fecha fijada taxativamente, el mes de julio del último año de gobierno, que éste no convocó para 2016.
- Demandara que el gobierno ordenara al Presidente del Consejo Económico y Social que convocara a empresarios y trabajadoras para que elaborara una política salarial que estableciera (a) un ajuste salarial automático y obligatorio en función del ritmo del crecimiento económica de la nación para que dicho crecimiento se “derrame” entre todos los dominicanos y (b) un aumento salarial en función de una evaluación previa del desempeño de cada trabajador
Finalmente la Oposición debería apoyar la declaración del Presidente de la JCE de que regularía las elecciones por via reglamentaria, abandonando el inconsecuente espectáculo que ha montado de preferir un diálogo para consensuar leyes electorales y de partido aupado por un funcionario del gobierno prevalido de incidencia eclesiástica que ya no posee; en lugar de procurar el consenso en el seno de los organismos constitucionales establecidos para ello.
