Desde que comenzaron las protestas para exigir elecciones y democracia en pasado 1 de abril, se han reportado más de 2000 arrestos de personas que manifiestan su descontento con el gobierno, transeúntes desvinculados de las protestas y supuestos saqueadores de locales comerciales.
En estas 7 semanas, los activistas de derechos humanos han documentado excesos en la represión, detenciones arbitrarias, actuación policial y militar contraria a los estándares internacionales, torturas para lograr confesiones amañadas y más recientemente el uso de tribunales militares para procesar a civiles. Los casos de presuntas torturas se han incrementado en los últimos días.
Ayer, el coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Betancourt, confirmó haber recibido “muchas denuncias” de torturas y tratos crueles. “A la mayoría de los detenidos los golpean durante la aprehensión y el traslado al sitio de detención temporal, antes de ser presentados ante el juez. Ellos lo relatan en las audiencias de presentación. A uno lo golpearon y le pusieron una capucha negra en la cabeza; él pidió asistencia médica porque sentía que una costilla se le movía”, dijo.
La saña de las actuaciones policiales y militares parece agravarse con el paso de los días. Así lo revela lo denunciado por más de una decena de personas detenidas el pasado 4 de mayo en el sur de Valencia por presuntamente haber participado en el saqueo de una procesadora de alimentos.
“De un grupo de 40 detenidos por el supuesto saqueo, 37 denunciaron que los golpearon, les raparon el cabello, uno dijo que le apagaron un cigarro en el brazo; y de ese grupo, aproximadamente 15 denunciaron que les obligaron a comer pasta con monte y excremento. Ellos contaron al juez militar que los funcionarios les ponían el polvillo de la bomba lacrimógena en la nariz para obligarlos a abrir la boca y entonces les metían la pasta con excrementos y los hacían tragar”, relató Betancourt.
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Dice la ley. El 4 de junio de 2013, cuando Diosdado Cabello presidía la Asamblea Nacional, el PSUV y la oposición aprobaron por unanimidad la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. El texto define la tortura como los actos por los cuales se inflige dolor o sufrimiento físico o mental a una persona para obtener información, castigarla, o intimidarla a ella o a terceros. Los tratos crueles, dice la ley, son actos de agresión física cometidos contra una persona detenida o no, para castigarla o quebrantar su resistencia. El trato inhumano o degradante consiste en agredir psicológicamente a una persona detenida o no, ocasionándole temor, angustia, humillación o un ataque grave a su dignidad para castigarla o quebrantar su voluntad.
La ley establece prisión de 15 a 25 años para quienes cometan actos de tortura y de 13 a 23 años para los que incurran en tratos crueles.
Práctica habitual. Laura Valbuena, del Foro Penal Zulia, también confirmó malos tratos en esa entidad: “8 de los detenidos en Villa del Rosario el 6 de mayo, llevados a la justicia militar, denunciaron que los funcionarios les rociaban el rostro con un polvo blanco que les ardía y picaba la piel, y los amenazaban con meterlos a la cárcel”.
Otros 8 jóvenes detenidos en Sucre el 10 de mayo, también llevados ante un juez militar, denunciaron maltratos. “Nos echaron pica pica en la cara, y al que no se dejó los guardias le cayeron a golpes y patadas. Nos amenazaban con que nos matarían”, contó ayer al portal El Pitazo, Ramón Castro, uno de los detenidos.
En la justicia ordinaria destaca la denuncia de los morochos Sánchez, presuntamente torturados para que inculparan a dirigentes de Primero Justicia. El 13 de mayo, la ONG Funpaz denunció con fotografías en su cuenta de Twitter el caso de Samir Rojas Balbuena, detenido en Barquisimeto, y llevado a la justicia ordinaria. “Permanece esposado, recibe tratos crueles, inhumanos y degradantes en el destacamento 121 de Lara”, dice la ONG.
