Por Augusto Manzanal Ciancaglini
Una contundente movilización ciudadana contra la corrupción y la impunidad se extiende por la República Dominicana; el escándalo de los sobornos pagados por la compañía constructora brasileña Odebrecht parece haber sido la gota que rebalsó el vaso de la tolerancia social.
Los convocantes hablan de un régimen de corrupción e impunidad que mantiene al país en la pobreza y el desorden institucional. Por eso, piden el arresto de cada uno de los responsables de los sobornos y de las sobrevaluaciones del caso Odebrecht, e incluso sus pancartas exigen la cárcel para el presidente Danilo Medina y para sus predecesores Leonel Fernández e Hipólito Mejía.
Al margen de una oposición política fragmentada, el movimiento de la Marcha Verde es la irrupción de una clase media indignada por la impunidad de la corrupción. Los antecedentes indican que si este sector arrastra a otros actores sociales, el poder puede verse afectado. Sin embargo, esta movilización, en comparación con otros fenómenos similares del continente, parte de un tema muy específico y todavía tiene un discurso demasiado general.
La corrupción contiene una gran cantidad de prácticas determinadas que hay que diferenciar. El sistema político dominicano está contaminado por ellas pero también soporta otras muchas dificultades estructurales, las cuales desembocan en el atasco del desarrollo.
Los que se van integrando en estas manifestaciones tienen la oportunidad de comenzar a desplegar una serie de reclamos concretos acerca de problemas crónicos y que el Estado debe por fin recibir de forma insistente; cada funcionario tiene que sentirse obligado a responder ante inquietudes claramente formuladas.
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La protesta es lógica, pero su abstracto reclamo es fácil de esquivar para las individualidades corruptas; aun desencadenando condenas tampoco será suficiente, su impulso es fundamental para despabilar a todos aquellos que se han acostumbrado a su situación o que han naturalizado la inoperancia estatal.
Esta es la esperada oportunidad en la que sectores de la clase media hartos de la corrupción ayuden a definir los problemas cotidianos. Los cuales no se limitan a un mediático caso de corrupción internacional; cortar los enrevesados hilos del clientelismo, poner en marcha un sistema educativo de calidad y promover la participación democrática son cuestiones que requieren la implicación de toda la sociedad. Los datos económicos ya no justifican la pobreza y la desigualdad como antes, por lo tanto, el desarrollo ya no solo es un derecho sino que también es un deber.
El verde es el color de la esperanza pero también de la falta de madurez; la semilla de una república bananera está en la consolidación de un pueblo aplatanado. La República Dominicana ya se ha regado bastante con sudor y paciencia, es hora de que acelere su fructificación.
Augusto Manzanal Ciancaglini
Politólogo
