Loretta Lynch ha esperado un récord de 165 días para convertirse en la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo de fiscal general de Estados Unidos. Nombrada por Obama el pasado mes de noviembre, la fiscal de Brooklyn se vio atrapada por la mayoría republicana en el Senado que impidió votar su confirmación hasta este jueves. Una mayoría mínima de 56 senadores votaron a favor, por 43 en contra.
El controvertido retraso ha puesto en evidencia la profunda división entre el Partido Demócrata y el Republicano, pero también la brecha abierta entre los conservadores y la Casa Blanca. Lynch, de la que ningún legislador puso en duda que cuente con las credenciales necesarias para el cargo, ha esperado el doble de días que sus siete predecesores juntos.
Obama celebró este jueves la confirmación de Lynch y aseguró en un comunicado que, gracias a su llegada, “EE UU será mejor”. El presidente defendió que la fiscal general “ha dedicado toda su vida” a defender la igualdad y la justicia, “la fundación de nuestra democracia”, y aportará al cargo su “dureza, independencia y respeto como fiscal en asuntos clave, como la reforma del sistema de justicia”.
A pesar de las credenciales de Lynch, el largo proceso de confirmación ha demostrado que si Obama eligió a una abogada sin vínculos directos con Eric Holder, su predecesor, para evitar complicaciones en este proceso, la estrategia no ha funcionado. Los miembros del comité jurídico del Senado convirtieron la audiencia de su confirmación en un examen sobre sus similitudes con Holder, uno de los miembros de la Administración que más duramente han criticado los republicanos.
Síntoma de ese enfrentamiento, la fiscal neoyorquina repitió en varias ocasiones “Yo seré Loretta Lynch”. Pero la promesa no bastó. El comité del Senado le dio su aprobación, pero los republicanos del pleno de la Cámara vieron en su defensa de las reformas realizadas por el presidente Obama en materia de inmigración la oportunidad para rechazar a la candidata. Durante cinco meses se han negado a convocar el voto para su confirmación.
El último obstáculo fue una ley para luchar contra el tráfico de seres humanos. En las últimas semanas, un artículo que especificaba el destino de fondos para financiar abortos dividió a demócratas y republicanos. Mientras la mayoría conservadora avisaba de que no votaría el cargo de Lynch hasta que se resolviera este debate, Obama calificó el retraso de “vergonzoso” y reconoció que “ha llegado demasiado lejos”.
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“Espero que los republicanos le muestren más respeto como fiscal general del que ha recibido como candidata”, aseguraba este jueves Patrick Leahey, uno de los senadores demócratas en el comité jurídico. “Loretta Lynch está perfectamente cualificada, no debería haber costado tanto tiempo”.
El retraso de cinco meses ha puesto de manifiesto una vez más las tensiones entre los legisladores demócratas y los republicanos, así como entre éstos y la Casa Blanca. La división ha impedido que Lynch asumiera el cargo en un momento en varios de los principales problemas que atraviesa EE UU pasan por el Departamento de Justicia.
La reforma de inmigración de Obama, que aprobó por decreto la regularización de cerca de cinco millones de indocumentados, cuenta con el respaldo de Justicia, pero está bloqueada en los juzgados tras una denuncia. Varios republicanos alegaron que no podían respaldar a Lynch después de que ella defendiera una legislación que consideran “ilegal”, sin embargo, varios demócratas les acusaron de que su rechazo estaba basado también en el hecho de que Lynch sea afroamericana.
La tensión hizo que el senador John McCain, uno de los veteranos de la Cámara y candidato presidencial en 2008, declarara que “el retraso en la votación no tiene nada que ver con la raza”. Este jueves, la demócrata Marcia Fudge, representante de Ohio, declaró a Politico que el proceso de confirmación de Lynch “quedará en un lugar de nuestra historia en el que nos dará vergüenza cómo se comportó el Senado”.
Una vez superado el bloqueo, Lynch puede convertirse en una de las piezas clave de las investigaciones que ha abierto el Departamento de Justicia contra cuerpos de policía locales por las muertes recientes de jóvenes afroamericanos en Ferguson, Nueva York, Carolina del Sur y, desde la semana pasada, en Baltimore (Maryland).
Como su predecesor, la fiscal general deberá asumir también el desafío impuesto por las revelaciones del ‘caso Snowden’ que sacó a la luz los programas de vigilancia masiva a los que la Agencia de Seguridad Nacional sometió a millones de ciudadanos, y la respuesta de EE UU a los crecientes ataques informáticos sufridos por organismos y empresas privadas.
