Por Guillermo Caram
Las recientes declaraciones de personas detenidas alrededor del caso ODEBRECHT señalando que ésta empresa financió campañas electorales del partido de gobierno, proporcionan un nuevo giro al proceso que se sigue puesto que colocan al país al borde de una crisis política de grandes proporciones.
Esto así porque la ley electoral dominicana considera ilícitas las contribuciones políticas por parte de empresas o instituciones extranjeras.
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EL Art. 47 de la ley 257 relativo a las FUENTES DE INGRESOS señala que “…los actos de…contribución económica a los partidos son función exclusiva de las personas naturales y jurídicas nacionales privadas. Por tanto…será ilícita la intervención…de empresas que caigan dentro de la aplicación de la Ley de Inversión Extrajera…, de gobiernos extranjeros en el sostenimiento de los partidos o el financiamiento de sus campañas. Tal intervención…constituye presunción de entendimiento con los partidos o sus candidatos en beneficio de los interesados de esas entidades…”
De comprobarse la ocurrencia de financiamiento electoral al margen de las leyes, estaríamos ante un caso de grave irregularidad que puede incluso proporcionar razones hasta para argumentar nulidad de las elecciones por una organización política que haya participado en ellas y haya resultado perjudicado del proceso; tal y como consigna el art. 19 numeral 4 de la ley 29-11 que establece como causa de demanda de nulidad de unas elecciones “cualquier…irregularidad grave que sea suficiente para cambiar el resultado de la elección”.
Resulta pues imperativo que se aceleren los trámites para confirmar los financiamientos electorales denunciados; a la vez que se tome conciencia que, ante su comprobación, no encontramos al borde de una crisis política de grandes proporciones que debería, desde ya, ser prevista por las instancias responsables de la nación con miras a adoptar las previsiones de lugar para mitigar sus efectos.
