SANTO DOMINGO. Como “histórica”, por un lado, y “abusiva” por otro fue calificada la sentencia emitida ayer por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, que dispuso la imposición de medidas de coerción contra los 14 imputados que fueron acusados de participar en los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó en el país para obtener contratos de obras.
El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, catalogó la sentencia como “trascendental” para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
Rodríguez manifestó que esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país, destacando que fue emitida luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los imputados con los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Con respecto a los imputados, dijo que aunque estos rechacen las imputaciones y apelen las decisiones judiciales que se emitan en su contra, esta es una acusación bien preparada, que permitirá posteriormente en un juicio de fondo establecer una nueva era en la lucha contra la corrupción en el país.
Expresó que la decisión de imponer medidas de coerción contra los implicados en este caso, evidencia que existen suficientes elementos preliminares que comprometen la responsabilidad de cada uno de ellos.
Al mismo tiempo, agregó: “Esta es sólo la primera fase de este proceso. El Ministerio Público seguirá cumpliendo con su rol y mandato constitucional de procurar justicia y que haya consecuencias ante la violación a las leyes”.
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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado declaró que aún no ha decidido sobre el pedimento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los senadores Julio César Valentín, de Santiago; y Tommy Galán, de San Cristóbal.
La comisión decidió solicitar al equipo técnico legislativo redactar un documento sobre el contenido y el alcance del ejercicio de las garantías y prerrogativas constitucionales y reglamentarias, respecto a la protección de la función legislativa.
“Esta comisión de Justicia y Derechos Humanos no ha tomado ninguna decisión en cuanto a la solicitud hecha por el honorable Procurador General de la República”, dijo el senador Arístides Victoria Yeb, presidente de la comisión.
El Grupo Marcha Verde advirtió que el Ministerio Público está obligado a investigar y someter a los demás responsables de los sobornos, las sobrevaluaciones, la licitación de Punta Catalina y el financiamiento de las campañas electorales. “Falta gente, en cuanto a los sobornos faltan otros funcionarios, legisladores”, dijeron.
