SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El movimiento cívico Participación Ciudadana declaró que los líderes políticos nacionales, incluyendo al presidente Danilo Medina y sus antecesores Leonel Fernández e Hipólito Mejía, deben de reconocer la gravedad del escándalo de corrupción de Odebrecht y están obligados a pedir excusas a la sociedad dominicana, justamente indignada.
Asimismo, criticó lo que calificó de sesgo que ha conllevado a una distribución de responsabilidad por igual entre los imputados y tiende un manto de impunidad a vinculados al actual gobierno, cuando los datos de que dispone el Ministerio Público ponen en claro quiénes son los que habrían incurrido en el mayor número de ilícitos y tendrían las mayores responsabilidades en el caso Odebrecht en República Dominicana.
En un documento dado a conocer este jueves, Participación Ciudadana advirtió que los principales líderes políticos no pueden refugiarse en demandar el respeto al debido proceso, “que todos debemos preservar”, sino proceder de manera firme y decidida a poner en marcha reformas estructurales para conjurar la enorme corrupción y la impunidad que agobian a la República Dominicana.
Consideró se debe comenzar de inmediato con la aprobación de las leyes del régimen electoral y de partidos políticos, legislaciones demandadas desde hace años, para reducir el desmesurado costo de la democracia nacional.
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Al criticar lo que considera un sesgo de distribución de responsabilidades por igual entre los imputados, PC señala que tras la enumeración de 17 obras contratadas, desde la primera, el Acueducto de la Línea Noroeste, hasta la última, las plantas de carbón de Punta Catalina, el documento expresa textualmente, en su página 14 que “Estas obras fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial imputado, Angel Rondón Rijo, a funcionarios de República Dominicana, utilizando una estructura corporativa de empresas offshores pertenecientes al imputado Angel Rondón y a la sociedad comercial Constructora Norberto Odebrecht”.
Para PC llama la atención que en la instancia de la PGR aparezcan igual número de imputados vinculados a la contratación y aprobación de las primeras dos obras, montantes a un cinco por ciento de la totalidad de la inversión pública implicada, y a las otras 15 que representan el 95 por ciento.
“Más aún cuando la totalidad de las transferencias de Odebrecht a Angel Rondón, registradas en el documento, se produjeron entre el 2007 y 2015, período en que se registra la gran mayoría, lo que implica un sesgo político al distribuir responsabilidades por igual y tender un manto de impunidad a vinculados al actual gobierno”, precisa.
A juicio de PC, las múltiples implicaciones del escándalo Odebrecht revelan el nivel de descomposición y corrupción del sistema partidista, el desbordado costo de la política y la inoperancia de los organismos de fiscalización y control, como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, con la complicidad de órganos judiciales y electorales secuestrados por el partido gobernante.
