SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Punta Catalina es la obra más importante de la constructora responsable del mayor escándalo de corrupción en país. Hay que investigarla.
Así lo planteó el diputado por Alianza País Fidelio Despradel, quien depositó este miércoles por ante la Cámara de Diputados una solicitud para que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y subadministrador de Punta Catalina, Rubén Bichara, sea interpelado de inmediato sobre el proceso de licitación y ejecución del contrato de las plantas a carbón de Punta Catalina.
En el documento, el diputado nacional señaló que Bichara debe responder al Congreso y al país sobre los sobornos que, según la Procuraduría General de la República, Odebrecht pagó para conseguir el contrato de Punta Catalina.
Enfatizó en que ‘‘todo es cuestionable en Punta Catalina’’: la cantidad de tierra es el doble de lo que se necesita, pertenece a uno de los principales grupos de poder del país, además que los efectos ambientales que implican las plantas de carbón serían desastrosos.
Despradel consideró que por ser el responsable de promover y firmar el contrato por US$2,010,744,751, el ejecutivo de la CDEEE tiene una alta responsabilidad administrativa frente a la denuncia que hace el Ministerio Público en base a las delaciones premiadas de ejecutivos de la multinacional.
Para sustentar su propuesta, el legislador argumentó, además, “que, durante los años 2014, 2015, 2016 y lo que va de 2017, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ha gastado sumas importantes de dinero para la ejecución de la referida obra, sin ofrecer informaciones precisas sobre las fuentes de esos gastos”.
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El legislador dijo que la población está totalmente insatisfecha con avances que se han logrado hasta ahora con los implicados en las coimas de la constructora brasileña.
En efecto, subrayó que el país ha despertado y está consciente que solo están algunos de los sobornados, pero que faltan muchos otros funcionarios, principalmente de la jerarquía política nacional.
“El proceso judicial de Odebrecht es el resultado de la movilización ciudadana frente a un sistema de impunidad dirigido desde las más altas instancias del poder político de República Dominicana. No podemos permitir que en un caso de esta magnitud se quede sin investigar la obra de mayor costo de Odebrecht en el país, mucho menos cuando el mismo Ministerio Público asegura que en la contratación el señor Ángel Rondón pagó sobornos”, declaró Despradel luego de depositar el documento por ante la secretaría de la cámara baja.
El proyecto de resolución se sustenta en la atribución del Congreso Nacional de fiscalizar y controlar los recursos del Estado y la supervisión de todas las políticas públicas que implemente el Gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance;
Además, apela al artículo 95 de la Constitución de la República, en el cual se establece la facultad de las cámaras legislativas de interpelar a los ministros, viceministros y/o funcionarios que administren fondos públicos.
