Por Raúl Mejía Santos
Las incidencias de medida de coerción incoada por el Ministerio Público en el caso Odebrecht nos dan a entender un elemento, sin lugar a dudas: las altas instancias de poder político en la República Dominicana operan como una mafia cualquiera, en complicidad con la justicia. El evento del siglo, encausar a unos cuantos, no así a todos los envueltos en el caso Odebrecht, ya comenzó.
Los estamentos delincuenciales surten fruto de las ejecutorias y las finanzas de la administración pública, casi todas en manos del partido de gobierno. En su estancia en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana ha dado cátedra dilapidando los recursos del estado y comportándose como una burda pandilla de malhechores.
Saquean las arcas públicas para beneficio propio y para el ulterior propósito de financiar sus actividades políticas. Ese accionar no es nuevo, otros grupos han asumido idénticas actividades ilícitas en detrimento del ordenamiento legal y la ética, ambos imperativos del ejercicio público.
La persecución de corruptos en nuestro país tiene un fatídico saldo, considerando que la Procuraduría General ha instrumentado diversos casos y la justicia deja de brillar, dejándonos en estado de incredulidad.
Félix Bautista permanece fresco en nuestra memoria colectiva como pueblo. Cuando más la sociedad civil clama justicia en torno a acusaciones formuladas, surgen impedimentos para actuar con rigurosidad frente al flagelo de la corrupción y la impunidad.
La Sala Augusta de la Suprema Corte ha sido escenario de la burla y chantaje de quienes se adueñan de lo ajeno al asumir cargos en el gobierno nacional.
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La prístina reputación de los juristas de las altas cortes, aunque lacerada, sirve de zapata para escudar a quienes les ubican plazas y privilegios dentro del sistema.
La clase togada dominicana en general depende de las prebendas de quienes ejercen el poder y congraciarse resulta evidentemente la norma general a seguir. La independencia total del poder judicial no existe.
El sistema escuda a quienes distorsionan la verdad y persisten en desaparecer con mucha habilidad los recursos que se les confía. La burocracia dominicana vive plagada de actos dolosos sin repercusiones.
Actuar con paños tibios contra la corrupción e impunidad es una grave debilidad del sistema judicial. Las instituciones creadas para perseguir actos lesivos al erario no cuentan con la voluntad, ni actúan conforme a ley, o con la verticalidad que debería primar.
Aspiramos que corruptos no sigan por la libre, gozando sus riquezas mal habidas y pronunciandose pulcros, dignos del respeto de todos. Ellos roban, gozando de lujos y privilegios y dándose la buena vida que muchos desconocemos.
Vivimos una cultura arraigada en la corrupción, endémica al sistema que opera el estado. Necesitamos respeto a la ley y al orden público; necesitamos que nuestro aparato de justicia se afiance en la institucionalidad e imponga consecuencias a quienes quebranten el sano ejercicio de la administración pública.
La independencia judicial debe ser prioridad nacional, fuera de consideraciones políticas, o económicas. No puede ser un tema que sirva de peón, o ficha de amarre para algunos afortunados.
