Por Luis R. Abinader
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Nuestro país atraviesa por una de sus peores crisis, que afecta gravemente las instituciones esenciales sobre las que descansa la democracia dominicana. Las expresiones más preocupantes de esta situación son la generalizada corrupción en nuestras instituciones públicas y la impunidad con que operan los corruptos, que han agrietado los cimientos del Estado y socavado la fuerza ética que toda democracia requiere para prosperar.
Esta crisis, cuyo fundamento principal es de naturaleza política y moral, es compleja. Se manifiesta a través de una severa falta de confianza en nuestro liderazgo político, lo que, a su vez, afecta la ya deficiente institucionalidad y credibilidad de los partidos políticos.
Todo esto degrada las instituciones estatales, restando recursos para hacer mínimamente eficiente el sistema hospitalario, apoyar la creación de más y mejores empleos, fortalecer la calidad de la educación, garantizar la seguridad ciudadana y reformar el sistema de justicia.
Casi veinte años de una desmesurada concentración del poder en manos de un solo partido, en base a la apropiación y uso ilegal de los recursos públicos, ha tenido nefastas consecuencias para el ejercicio transparente y pulcro de la política y el buen gobierno. Este comportamiento ha limitado la posibilidad de una competencia política justa y equitativa, convirtiendo la alternabilidad en el poder en letra muerta.
Con la reforma constitucional de 2010, y la conformación de las altas cortes, el PLD completó el control absoluto de todos los poderes del Estado. Basado en ese dominio y en el uso y abuso de los recursos del Estado, el PLD ha propiciado la desarticulación de la oposición, mediante la compra o cooptación de dirigencias completas y la intromisión divisionista en la vida interna de los partidos, a través de decisiones manipuladas del Tribunal Superior Electoral.
Ese ejercicio del poder, sin una fiscalización efectiva, ha permitido que la corrupción haya sido transformada y utilizada como un elemento articulador y de control que no respeta límites, convirtiéndola en un mecanismo perturbador de la democracia.
Tanto poder concentrado en la cúpula de un partido y en el presidente de la República ha minado las bases institucionales del Estado, subordinando el poder congresional y la justicia a sus designios, convirtiéndolo en una especie de “monarca” pseudo democrático.
Es en ese contexto que debemos ver el traumático escándalo de Odebrecht, que expresa las consecuencias y riesgos nefastos de un poder sin frenos y contrapesos, que equilibre sus decisiones y controle los riesgos.
Para nadie es un secreto el amplio nivel operativo -en complicidad con las autoridades y en violación de nuestras leyes- con que Odebrecht ha actuado en el país, trátese de los millonarios contratos otorgados mediante sobornos confesos por la constructora, tanto previo al ascenso de Danilo Medina al poder como, sobre todo, los puestos en ejecución bajo su presidencia, donde sobresalen las plantas eléctricas que se construyen en Punta Catalina.
Hay que resaltar la amplia documentación sobre el ilegal financiamiento a las campañas presidenciales del PLD que detalla la denuncia presentada por cuatro instituciones independientes al Ministerio Público el pasado 2 de mayo, lo que ha sido confirmado por el testimonio de Temístocles Montas, sin que, hasta el momento, se haya abierto una investigación sobre esta grave acusación.
Insisto en que se investigue debidamente las actuaciones de la denominada División de Operaciones Estructuradas (el departamento de sobornos de Odebrecht), la cual fue trasladada por orden del entonces presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, a territorio dominicano, operando desde aquí de 2014 a 2016.
Lo que ha forzado al presidente Medina a poner en movimiento el Ministerio Público, no ha sido una vocación ética que el bochornoso escándalo pudiese producir. Han sido la movilización ciudadana y la presión internacional los factores que han determinado que el gobierno actuara, tratando de involucrar al mayor número de personas, y selectivamente a quienes le adversan, mientras pretende cuidar las espaldas de sus colaboradores más cercanos.
En la larga cadena de corrupción sin castigo no sólo se aprecia el escándalo Odebrecht, también resuenan los casos SUNLAND, OISOE, CEA, TUCANOS y una extensa lista que sería prolijo enumerar.
El PRM ha denunciado desde hace más de dos años la corrupción que imperaba en los contratos de Odebrecht, particularmente el de Punta Catalina. Pocos días antes de las elecciones de mayo de 2016, el profético vídeo que preparamos denunciando la vinculación de esa empresa en los sobornos para la obtención de los contratos públicos y el financiamiento de la campaña presidencial fue censurado.
Hace ya un año solicité que se estableciera un fiscal independiente para el caso Odebrecht. Hoy reitero, solo con un Ministerio Público y un poder judicial independiente se puede llegar a una justicia confiable.
Debido a la presencia de un Procurador General perteneciente al Comité Central del PLD y una justicia contaminada políticamente desde la reforma constitucional del 2010, muchos dominicanos, entre los que me encuentro, consideran que “no son todos lo que están, ni están todos los que son”.
A través del control total de los poderes públicos, los gobiernos del PLD han convertido la corrupción en una política de Estado. La exclusión de la gran estafa en las sobrevaluaciones, la falta de sometimiento de los responsables del cuestionado contrato de Punta Catalina y las elementales fallas procesales en las medidas de coerción del Ministerio Público, así lo demuestran.
El ingrediente que ha puesto en cuestionamiento las bases de la legitimidad de este gobierno, tras el destape de los escándalos de corrupción de Odebrecht, ha sido la creciente indignación ciudadana. Se trata del icónico movimiento de la Marcha Verde. Esta espontánea acción ciudadana que reclama justicia contra la impunidad y la corrupción, ha activado a cientos de miles de personas en toda la geografía nacional, como ocurrió el pasado domingo en San Pedro de Macorís.
La realidad es avasallante: la indignación ha levantado a la ciudadanía y proporcionado una cohesión moral que la unifica como una sola voz, dotándola de un poder y compromiso político que trasciende la simple lucha electoral y promete producir efectos eficaces en la transparencia, la justicia, la institucionalización y el adecentamiento de la vida pública.
Sin esa presión ciudadana, quienes manejan la maquinaria de la justicia hubiesen ocultado el soborno generalizado como mecanismo de: competencia empresarial, compra de campañas políticas como garantía de adjudicación de contratos jugosos y manejo de sobrevaluaciones para garantizar enormes beneficios.
Tengo la firme convicción de que ese esfuerzo ciudadano debe apoyarse, respetarse y profundizarse. Es esencial que todos estemos claros: sin ciudadanía y sin Estado de derecho, la vida democrática languidece y los partidos se convierten en simples maquinarias al servicio de elites políticas.
El sistema de partidos se encuentra en una delicada encrucijada. El problema central que le aqueja es producto del alejamiento de los partidos de los ciudadanos, a quienes deben su existencia y razón de ser. Se requiere un diálogo permanente entre ciudadanía y partidos, con transparencia, eficiencia y vocación moral.
El PRM constituye hoy una opción real de cambio. Sin embargo, para lograrlo debemos ganarnos la confianza perdida de la población en la política y en los políticos.
Tenemos varias tareas por delante. La principal es continuar la lucha contra la impunidad y la corrupción, pero vinculándola a dos objetivos institucionales de alcance estratégico.
Por un lado, al ordenamiento de una serie de instituciones políticas claves del Estado: el esencial marco institucional regulador del sistema político electoral, una ley de partidos políticos y una nueva ley electoral, que reglamenten eficazmente una serie de temas, como los topes en los gastos de campaña, las primarias simultáneas con padrón propio y la creación de un fiscal electoral.
Una segunda tarea es lograr jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, idóneos, independientes, honestos y responsables.
Hacia futuro, enfrentamos otra gran tarea: la reforma democrática del Estado, que comienza con lograr una efectiva separación e independencia de sus poderes, que incluye un sistema de justicia con verdadera autonomía, así como una Cámara de Cuentas y un Ministerio Público igualmente autónomos.
Todo ello exige de un PRM sólidamente unido y muy claro en sus objetivos. Se necesita conciencia de que el partido requiere una renovación política profunda que nos permita crear los mecanismos que aseguren la vida democrática y la transparencia interna, establecer unos marcos institucionales modernos y formar nuestros militantes en el conocimiento de la política y la ética. Solo por esa vía lograremos obtener el favor del pueblo.
