El enfrentamiento entre la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y el Ejecutivo de Nicolás Maduro se recrudece a pasos agigantados. La jefa del Ministerio Público, una antigua aliada del proceso bolivariano, impulsa con vigor el desafío legal a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente. La coincidencia entre el chavismo crítico con la deriva totalitaria del régimen y la oposición aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) empieza a hacerse evidente. Ambos sectores parecen decididos a aliarse para forzar la salida de Maduro.
La primera prueba de que la fiscal, una antigua aliada del proceso bolivariano, y la MUD acercan posturas ocurrió el lunes. La alianza opositora llamó a sus seguidores a presentarse en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para que formaran parte del contencioso que introdujo Ortega Díaz contra la convocatoria de la Constituyente, la apuesta de Maduro para liquidar a sus adversarios con la excusa de escribir una nueva Constitución. El mismo lunes, la Sala Electoral del Supremo, que controla el régimen, no admitió la petición de la fiscal por “inepta acumulación de pretensiones”, es decir, por pedir en el mismo escrito la nulidad de las actuaciones de distintos órganos de los poderes públicos.
De inmediato, la fiscal replicó con tres solicitudes que demuestran que la fractura con el Gobierno es definitiva: un antejuicio de mérito contra seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional que, a finales de marzo, mediante dos sentencias, liquidaron las competencias del Parlamento y otorgaron poderes dictatoriales a Maduro; una medida cautelar para que los magistrados de esta Sala se separen de sus cargos; y la desincorporación de 13 magistrados principales y 20 suplentes designados en los estertores del anterior período de la Asamblea Nacional, entonces controlada por el chavismo, y cuando ya se conocía que la MUD tomaría control de ese poder público.
Aquellas designaciones fueron cuestionadas por las formaciones opositoras porque los magistrados eran parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, simpatizantes confesos del Gobierno bolivariano y no cumplían con los requisitos del comité de postulaciones. Ortega Díaz terminó de darle asidero a esas denuncias cuando contó que, en su momento, había cuestionado los nombramientos. “No había denunciado antes esas irregularidades porque no había podido revisar las pruebas. […] Ese proceso estaba viciado y se hizo a espaldas mías”, declaró la fiscal a Unión Radio, el lunes.
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La firma del acta
La Constitución de Venezuela señala que el Consejo Moral Republicano —que integran la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Ministerio Público— debe revisar los expedientes de los aspirantes a magistrados y firmar si están de acuerdo con sus designaciones. Ortega Díaz asegura que no firmó el acta porque no supo cómo fueron seleccionados. Pero el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, negó que la fiscal haya objetado los nombramientos en la reunión que sostuvieron el 16 de diciembre de 2015, una semana antes de que la Asamblea Nacional juramentara a los jueces.
Los contenciosos introducidos por la fiscal parecen querer dejar en evidencia la falta de independencia de las instituciones, que el chavismo crítico apenas había sentido antes de este cisma. “El Gobierno pretende desmantelar al Estado y conspira para alterar la forma republicana, como está establecida en la Constitución. No es solo a través de un acto de fuerza como se conspira contra la nación, sino también con sentencias”, dijo Ortega Díaz ayer, al consignar la solicitud de antejuicio de mérito contra los magistrados.
Los escritos han sacado a la Mesa de la Unidad de la rutina de las protestas reprimidas por la policía militarizada. La Asamblea Nacional se aprestaba ayer a juramentar a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, que debería culminar con la designación de nuevos magistrados.
Con las deserciones de sus antiguos aliados, el repudio a Maduro aumenta cada día. El régimen conserva, de momento, el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la que utiliza como su principal ariete para seguir adelante en su esfuerzo de purgar a Venezuela. El oficialismo ahora se propone —a través del diputado chavista Pedro Carreño— pedirle al Supremo que autorice que una junta médica determine si la fiscal general está en sus cabales. El desenlace es inminente.
