El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está en la diana. El fiscal especial Robert Mueller le está investigando por un posible delito de obstrucción a la justicia y ha llamado a altos cargos de inteligencia para comprobar si trató de socavar las pesquisas de la trama rusa. La medida, adelantada anoche por The Washington Post, implica un paso de gigante y, en caso de que derive en una acusación, puede abrir la puerta del impeachment.
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Bajo la dirección del FBI, la investigación de la trama rusa se había limitado a determinar si el equipo electoral de Trump se coordinó con el Kremlin en la campaña de desprestigio lanzada contra la candidata demócrata Hillary Clinton. Pero el presidente, tal y como reconoció el anterior director del FBI, James Comey, no figuraba en las indagaciones.
Las tornas cambiaron radicalmente con la destitución de Comey el pasado 9 de mayo. Aunque en un principio, la Casa Blanca alegó que el despido fue motivado por su errática conducta en el tortuoso asunto de los correos de Hillary Clinton, el propio Trump reconoció en una entrevista que se debió “a esa cosa rusa”. Luego, en un encuentro en la Casa Blanca con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, admitió que la salida le “había quitado mucho peso de encima”.
Todo ello ha sido recogido ahora por el fiscal especial. Hombre de integridad probada, que dirigió el FBI desde 2001 hasta 2013, Mueller ha puesto el foco en el presidente a raíz de este despido. Un acto de enorme trascendencia política y que llevó a Comey a declarar el jueves pasado en el Comité de Inteligencia del Senado. Ante una nación conmocionada, el exdirector del FBI acusó al presidente de “mentir y difamar”, de intentar “darle directrices” para desviar la investigación sobre el teniente general Michael Flynn e incluso de pedirle favores a cambio de mantenerle en el puesto. Fue una carga de profundidad bien calculada para armar una posible acusación de obstrucción.
Pero el trabajo de Mueller, mentor y amigo Comey, sobrepasa el juego de declaraciones y busca corroboraciones en otros espacios. Para ello ha citado esta misma semana al director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, y al responsable de la Agencia Nacional de Seguridad, el almirante Mike Rogers. Ambos supuestamente recibieron llamadas de Trump para presionar a Comey. Ninguno lo ha reconocido públicamente, pero se han mostrado dispuestos a declarar.
Toda la investigación se está llevando en secreto y sin dejar de lado la trama rusa. El objetivo de Mueller, que tiene poder para formular cargos, es delimitar si en el comportamiento del presidente hubo ánimo real de impedir las pesquisas. Este factor es fundamental en tanto que en el delito de obstrucción se tiene que demostrar la intencionalidad.
Los críticos señalan que hasta ahora no hay caso, ya que el despido cae dentro de las atribuciones presidenciales y las declaraciones de Comey, por sí mismas, carecen de peso en tanto que es su palabra contra la de Trump. Un empate técnico que sólo se resolvería con pruebas externas. Justo las que ahora persigue Mueller.
La Casa Blanca no hizo declaraciones ante las revelaciones de The Washington Post. Todo el asunto ha quedado en manos de Mark Kasovitz, abogado privado de Trump. Su línea de defensa se basa en restarle credibilidad a Comey y sostener que su versión carece de fundamento factual. “No hubo colusión, no hubo obstrucción. Estoy dispuesto al 100% a declarar”, ha dicho públicamente el presidente, quien se considera víctima de la “mayor caza de brujas en la historia de América”. El fiscal especial tendrá que aclararlo.
