Venezuela trata de impedir una condena de la OEA con el apoyo de los países del Caribe

Las delegaciones seguían negociando este domingo un consenso entre las dos resoluciones que quedaron en stand by el pasado 31 de mayo, en el último encuentro que mantuvieron los cancilleres: la presentada por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá –que cuenta con el respaldo de otros países, como Colombia y Argentina- y la del bloque de países de la Comunidad del Caribe. Ambas piden el cese inmediato de la violencia y el inicio de un nuevo proceso de diálogo. La diferencia radica en que la primera reclama a Venezuela el cese de la realización de la Asamblea Nacional Constituyente y la liberación de los presos políticos.

La aprobación de una declaración conjunta en una reunión de cancilleres depende de que la suscriban al menos 23 de los 34 miembros, dos tercios de los países representados, todos los del continente salvo Cuba. La tarea es ardua para el bloque de los 14 que desde hace meses vienen mostrando su repulsa al devenir de Venezuela en distintos comunicados. Necesitan el apoyo de al menos 9 de los 14 países que integran la Comunidad del Caribe (Caricom), aliados tradicionales de Venezuela, especialmente desde que Hugo Chávez impulsara Petrocaribe durante la época de la bonanza de los precios del crudo. De no conseguirse, la otra opción que baraja esta especie de G-14 es es aprobar un proyecto de resolución en el marco de la Asamblea General. En ese caso necesitarían 18 votos, es decir, el apoyo de cuatro países del Caribe.

Al menos tres fuentes diplomáticas de alto nivel de entre los 14 países que piden la anulación de la Asamblea Constituyente coincidían en que se ha intensificado la presión hacia los países caribeños, pero dudan de que se puedan lograr los nueve apoyos necesarios. Entre los más partidarios a ceder se encontraban Jamaica, Barbados, Belice o Santa Lucía, mientras que la oposición radicaba en Haití, San Vicente y las Granadinas y Surinam, entre otros.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, que tenía previsto llegar a Cancún en la tarde del domingo, pretende evitar a toda costa que salga adelante esta resolución. De ahí que, pese a que en abril anunció que Venezuela saldrá de la OEA, acuda a la reunión de Cancún. Su presencia, no obstante, incomoda a las autoridades del país anfitrión. México ha sido uno de los países que se ha mostrado más activo en los últimos meses a la hora de criticar el devenir de Venezuela y la actuación del Gobierno de Maduro. “Venezuela no es una democracia”, llegó a decir recientemente el canciller, Luis Videgaray. Las fuentes diplomáticas consultadas temen que Delcy Rodríguez aproveche su intervención para arremeter contra México y sacar a relucir temas espinosos para el anfitrión, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Mientras, en Venezuela el Gobierno de Maduro parece haber cogido aire en los últimos días, a pesar del contratiempo que ha supuesto la deserción de la fiscal general. Las protestas han bajado de intensidad y el chavismo sigue adelante en su afán de liquidar toda la resistencia con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Sin el vigoroso repudio en las calles disminuye la urgencia de dialogar con la oposición, aunque la comunidad internacional insiste en que la salida a la crisis dependerá de un proceso de diálogo. La mediación del exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha fracasado porque no es un interlocutor confiable para la oposición. Ha sido acusado por el gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles, “como un agente del gobierno”, aunque sigue haciendo esfuerzos por ver cómo puede ayudar a superar la crisis de Venezuela. Zapatero ha devenido en un mensajero entre las partes porque lleva y trae propuestas entre uno y otro bando.

Un destacado exmiembro del equipo de la oposición que dialogó con el gobierno a finales del año pasado suele asegurar que el expresidente siempre “está sudando la camiseta”. Sus logros más evidentes son las liberaciones de los presos políticos Braulio Jatar, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, estos últimos pertenecientes a Voluntad Popular, la formación de Leopoldo López, a quien ha trasladado, por cierto, la última oferta del gobierno: casa por cárcel, algo a lo que se ha opuesto el preso político, según su entorno.

Unasur, la organización que actuó como facilitadora del diálogo de 2016, luchaba hace algunas semanas por no dejar morir las conversaciones, a pesar de que la oposición insista en que no están dadas las condiciones. La novedad es que incorporaría una comisión que le daría seguimiento a los acuerdos en caso de que las partes lo aceptaran.