Cada decisión del Tribunal Supremo de Justicia incrementa la tensión en Venezuela. El blanco favorito de las últimas semanas es la fiscal general Luisa Ortega Díaz. La abierta guerra entre la máxima representante del Ministerio Público y los magistrados que interpretan la Constitución mantiene al país pendiente de la evolución de un conflicto que está llegando al clímax. La Sala Constitucional ha decidido impedirle a Ortega Díaz que viaje fuera del país, congelar sus cuentas e impedirle que venda o grave sus propiedades mientras decide si hay méritos para enjuiciarla. La audiencia será el próximo 4 de julio.
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La decisión es una respuesta a la demanda introducida hace dos semanas por el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Pedro Carreño. El régimen busca anular a Ortega Díaz, convertida en la voz de la deriva crítica del chavismo, porque su deserción le ha dado además mucho brío a la insurrección popular que desde hace casi tres meses mantiene en jaque al presidente Nicolás Maduro. Carreño aseguró en su escrito que la fiscal podría haber cometido “faltas graves en el ejercicio de su cargo”.
A la jerarquía oficialista no le ha sentado nada bien la independencia exhibida por Ortega. En un lance que evoca las purgas de las satrapías comunistas del siglo XX, Carreño ha afirmado que en las actuaciones de la máxima autoridad del Ministerio Público “hay sobradas manifestaciones de insania mental”. “Con esa conducta, con esa patología recurrente, el Supremo debería impedir que esa señora lleve a la República a daños mayores”, aseguró a principios de junio antes de presentar el recurso.
La decisión completa la maniobra iniciada el martes en la noche cuando el Supremo anuló la designación del vice fiscal general y decidió que nombraría al número dos del Ministerio Público. Con el férreo control que mantiene el régimen luce más que probable que la Sala Plena destituya a la fiscal y le permita al régimen volver a controlar el Ministerio Público. La independencia de Ortega Díaz ha provocado que se estén ventilando en la jurisdicción militar los juicios de algunas personas detenidas durante las actuales protestas.
Entretanto, el vicepresidente Tareck El Aissami anunció que el helicóptero desde el que dispararon el martes contra las sedes del Supremo y del Ministerio del Interior apareció en una zona montañosa del litoral central de Venezuela, en el margen sur del Caribe. Aún el piloto Oscar Pérez continúa desaparecido.
