EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Durante los mandatos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina el Gobierno y el Congreso Nacional violaron o permitieron la violación de la Constitución de la República y el resto del marco jurídico nacional para favorecer los contratos multimillonarios de la empresa Odebrecht en el país”, asegura el movimiento Marcha Verde.
Según un estudio técnico realizado por Marcha Verde, desde el 2001 hasta 2016 el Gobierno ha violado sistemáticamente, con la anuencia del Congreso Nacional, las leyes de Presupuesto General del Estado, la Constitución de la República y las leyes de administración financiera para aprobar y ejecutar las obras de la multinacional brasileña.
En el documento afirman que desde el 2002 al 2016, el Poder Legislativo aprobó un total de 22 contratos de préstamos para las diferentes obras contratadas, ejecutadas o en ejecución, con un monto total de US$1,899 millones de dólares, representando 7% del total de la deuda del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2016 y equivalente al 2.7% del PIB, sin incluir los financiamientos utilizados en determinados años sin la debida aprobación congresual, ni los aprobados para la Planta de Punta Catalina.
Al incluir el financiamiento aprobado para Punta Catalina, señalan, la deuda contraída con intervención de Odebrecht se eleva a US$3,132 millones de dólares, equivalente al 4.4% del PIB y una participación del 11.7% del total de la deuda del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2016.
“El observar el comportamiento, en la forma y el fondo, en que el Gobierno ejecuta las obras contratadas con la Constructora Norberto Odebrecht y sus Asociados dominicanos, es una muestra clara de la política del lodazal y el afán de la delincuencia en la política para enriquecerse y dirigir el Estado a favor de unos pocos, y para ello lo ensucian y corrompen todo”, afirma el movimiento en el documento de presentación del estudio.
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La investigación realizada por la Marcha Verde destaca que varios de los principales funcionarios responsables de firmar y gestionar contratos o préstamos de Odebrecht no han sido investigados ni sometidos a la Justicia, por lo que entienden que el Ministerio Público tiene pendiente “aclarar o resolver omisiones que involucran Vicente Bengoa, Cristina Lizardo, Simón Lizardo, Rubén Bichara y Lucía Medina”.
A continuación Marcha Verde presenta una relación de los responsables de contratos que ya han sido encartados en la acusación y los que están pendientes de investigar:
2000-2004 ingeniero Roberto Rodríguez, Director Ejecutivo de INAPA, ejecutor del inicio del proyecto de Acueducto de la Línea Noroeste; Ing. César Sánchez, Vicepresidente CDEEE, inició el contrato del proyecto de Pinalito, pero no se comenzó su ejecución; Señor Máximo D’Oleo, Director de EGEHID; Lic. Rafael Porfirio Calderón Martínez, Secretario Técnico de la Presidencia, ostentó la representación para la firma de acuerdo de préstamo.
2004-2012 ingeniero Víctor Díaz Rúa, en INAPA y MOPC; Ing. Radhamés Segura, Vicepresidente de CDEEE, responsable en Pinalito y Palomino; Dr. Juan Temístocles Montás, como Secretario Técnico de la Presidencia; Lic. Vicente Bengoa Albizu, como Secretario de Hacienda; Lic. Daniel Toribio, como Secretario de Hacienda; responsables de las firmas de varios contratos de préstamos por designaciones mediante Poder Especial del presidente Leonel Fernández Reyna.
2012-2016 licenciado Gonzálo Castillo, ministro del MOPC, responsable varias obras viales; Ing. Rubén Bichara, Vicepresidente CDEEE, Punta Catalina; Lic. Simón Lizardo Mézquita, en su calidad de representante en firmas de contratos, como ministro de Hacienda.
Un caso que llama la atención, según Marcha Verde, fue la aprobación de un préstamo por US$80,200,000 dólares, donde interviniera el presidente de la República, Danilo Medina y el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, quien suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Contrato de Préstamo Directo – Cofinanciado No. 2111; así como Cristina Lizardo Mézquita, vicepresidenta del Senado en funciones de Presidente, y Lucía Medina Sánchez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados en funciones de presidente.
