Por Fausto Herrera Catalino
“En la Comisión de Punta Catalina hay persona que son tan pobre espiritualmente, que sólo saben hacer dinero”. Arquitecto Marcial Martínez (1/7/2017).
Son unas aberraciones escandalosas las conclusiones de la Comisión Investigadora de la Licitación de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina.
Afirmaron, sin sustentación, que “el precio está ubicado 6% por debajo del promedio de plantas eléctricas similares instaladas en América Latina”. Dicho cálculo carece de certificado.
Los estudios rigurosos consignan un sobre costo entre 500 y 600 millones de dólares. Así lo confirman los expertos Antonio Almonte y Moreno San Juan, entre otros profesionales del área de generación eléctrica.
En el informe se escondió el nombre de Odebrecht por su imagen mafiosa. La encubren y denominan “contratista”. Asimismo, evadieron el recurso que elevó el Consorcio IMPE y China Gezhouba Group Company Limited, quienes alegaron que en el contrato de construcción hubo sobrevaluación del costo.
En lugar de explicar las disensiones en el seno del Comité de Licitación, minimizan el grave hecho por lo que el licenciado Isidoro Santana y el ingeniero Ramón Flores no firmaron “por no haber recibido la evaluación de manera completa”. Apenas le presentaron una página de PowerPoint.
En el Comité de Licitación una propuesta del ingeniero Flores de revisar la evaluación realizada de las ofertas técnicas, fue rechazada por una mayoría mecánica de miembros de CDEEE, con el incumplimiento del Artículo 36 del Reglamento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, con la fragrante violación de que no incluyó en dicho Comité a un representante de la Oficina de Libre Acceso a la información, como era de rigor. Ese sólo vicio anula la contratación de dicha obra.
De facto, fueron cambiadas las bases de licitación en absoluta inobservancia del Artículo 81 que establece la no modificación.
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En intento ingrato la referida Comisión justifica los ilícitos cometidos, dice por ejemplo “la propuesta económica del “contratista” –Odebrecht- que superó la evaluación técnica estuvo dentro de un rango razonable comparado con precios internacionales.” Es una falaz mentira sin el aval de la contratada firma FTI Consulting, la cual se usó como pantalla del ridículo en cuestión.
La referida Comisión falló en su labor al “no disponer de pruebas que puedan concluir que el proceso se preparó para beneficiar al contratista (Odebrecht) que resultó “ganador” de la adjudicación del proyecto frente a los otros participantes de la licitación. Pero, sin embargo, cumplió, la Comisión, con el aval requerido por el decreto del presidente, Danilo Medina Sánchez.
La única crítica que hizo dicha Comisión fue a los atrasos por que el Estado incumplió el cronograma de pagos. Y, además, alertan que el Estado ha sobre avanzado pagos por los trabajos contratados y completados. El sobre avance indicado equivale a un 13.69%. La urgencia para la inauguración de Punta Catalina es la prioridad suprema del gobierno de Danilo Medina.
Con efecto, Rubén Bichara se vanaglorió del fatídico informe para el país.
En su principal recomendación hacen una infeliz observación al pretender culpar a la Ley 340-06 de compras y contrataciones del Estado, para no imputar a los traficantes que se enriquecen en detrimento del patrimonio público.
Para encubrirse recomiendan “analizar la continuidad o no de Odebrecht al frente con base en una serie de requisitos que son necesarios para hacer viable tal medida y que están enumerados en el informe citado.
En sentido exacto, el Partido Revolucionario Moderno una semana antes denunció, que no hubo ningún otro competidor, sino uno virtual que falsearon con la complicidad del Comité de Licitación que manipuló Rubén Bichara, vicepresidente administrador de la CDEEE.
Finalmente, cinco propuestas: a) que por las evidencias admitidas y comprobadas se suspendan las operaciones de Odebrecht en Punta Catalina; b) que la Comisión rindas cuentas al país de los gastos realizados en su maltrecho informe; c) que se sometan a los responsables al Ministerio Público para los encartamientos de lugar; d) definir la legalidad del terreno propiedad privada de los terrenos donde se construye la Central Termoeléctrica y, e) Ninguna nueva adenda que aumente el costo real, sin sobreprecio, de la obra Punta Catalina.
2 de julio de 2017