Por Fausto Herrera Catalino
“Cuando la Constitución fatalmente contiene la reelección, es seguro que el partido que tiene el poder, consigue hacerse reelegir con perjuicio de los demás, para eternizar la funesta oligarquía…”
General Gregorio Luperón.
En República Dominicana, la Constitución nunca nos ha fallado. Lo que ha fallado ha sido la falta de voluntad y de acuerdo entre los líderes de los partidos políticos para reformarla, cuando ha sido necesario, y en última instancia, la avaricia de casi todos los presidentes por continuarse a si mismo en el gobierno.
Es la misma insensatez para la no aprobación de la Ley Electoral y de los Partidos políticos. Apremiante una Ley de garantía electoral, cuando el presidente de la Junta Central Electoral se declaró partidario de la unción gobiernista.
Pero ahora, nuevamente, el fantasma reeleccionista que acecha y, no se hace por necesidad para orientar el país hacia el cumplimiento de la estrategia nacional de desarrollo social, sino simplemente para permitir los privilegios, intereses e impunidad de una maquinaria aprovechada, egoísta, prepotente, inescrupulosa y corrompida hasta el tuétano que se resiste al cambio necesario que le urge al país.
El 13 de junio de 2015, se orquestó la reforma para la aprobación de la reelección en el Congreso Nacional. En votación única y exclusivamente partidista, porque la mayoría hegemónica del Partido de la Liberación Dominicana, usurpó la soberanía del pueblo.
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En un trueque político y mercantil compraron los votos legislativos del otrora Partido Revolucionario Dominicano. En esa conspiración fue mancillada la dignidad de la sociedad dominicana. También, ahora se hace lo mismo para desconocer el pacto interno que obliga a las renovaciones del presidente del Senado y la Cámara de Diputados. ¿Quién –Felucho- puede creer en promesa de un Partido que se traiciona a sí mismo?
Esa es una razón, más que suficiente, por la que se exige al presidente, Danilo Medina, rendir cuentas al país.
Otras tantas razones, múltiples, que desde la esfera del poder no justifican el robo, inaceptable, de la riqueza patrimonio de todos los dominicanos.
Es una conspiración de Estado las pretensiones para encubrir a los verdaderos implicados del caso Odebrecht. Una traición a la patria.
¿Cuáles son los daños provocados por la corrupción desenfrenada? ¿Y, donde están los veedores designados en las instituciones públicas? ¿Quiénes tienen las máximas responsabilidades en los hechos delictivos?
En base a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en 2003 y que entró en vigor en diciembre de 2005; el economista español Antonio Argandoña, postula los efectos perniciosos sociales y políticos de la corrupción de cualquier naturaleza.
En síntesis dice: “Deslegitima el imperio de la ley y la democracia; atenta contra el buen gobierno de los países, de sus administraciones públicas y de las empresas; distorsiona el correcto funcionamiento de los mercados; atenta contra derechos humanos fundamentales y socava las instituciones que deberían garantizar la estabilidad, la seguridad y el desarrollo sostenible. Además (…) ampliando su campo de acción hacia la delincuencia organizada, las mafias y el blanqueo de dinero”.
En su tesis de grado, en 1970, el doctor José Francisco Peña Gómez, observó: “En ciento cincuenta y ocho años de vida independiente, el continuismo, con su proyecto reeleccionista a cuesta, ha originado poco más de un siglo de tiranía y despotismo en nuestra sociedad.”
30 de junio de 2017
