Santo Domingo, D. N., 10 de julio del 2017.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, reconoció que la presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia salvó el honor de la judicatura al ponderar su voto en la decisión que vario las medidas impuestas a varios de los encartados en el caso de los sobornos de Odebrecht, en donde dejo establecido que lo presentando por el ministerio público no será suficiente para lograr una sentencia ejemplarizadora y que sirva como referente en la lucha contra la corrupción en el país, como consta en la decisión evacuada “Si el Ministerio Público no resuelve la dificultad que tiene para probar la acusación a los imputados en el caso Odebrecht, no tendrá éxito en juicio final”.
La entidad de la sociedad civil que lucha contra la corrupción, responsabilizó al ministerio público de la indignación colectiva que demanda poner fin a la impunidad reinante en la Republica Dominicana ante la imposibilidad de exhibir un solo caso emblemático de castigo a los que se han robado el dinero del pueblo, puesto en sus manos para que lo administren, ya que este tradicionalmente hace acusación que al ser examinada en un juicio de fondo se caen por las debilidades que de las mismas y los jueces no tienen otro camino que no sea la absolución, lo que es aprovechado por el estamento responsable de perseguir los crímenes y delitos para acusar a los jueces de no jugar su papel en la lucha contra la corrupción, confundiendo así a la sociedad, no a los entendidos en la materia judicial.
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Con su razonamiento la jueza Miriam Germán Brito, que el sábado varió la prisión preventiva en Najayo a seis de los encartados en el entramado ilícito, le indica al Procurador General de la República que debes buscar las pruebas en donde quiera que estén, que con simples inferencias y sin precisión objetiva de lo relativo al seguimiento de las transferencias realizadas en favor de los imputados no tendrá éxito el denominado caso del siglo, ya que lo presentado por el ministerio público no es suficiente para el sostenimiento de la acusación que deberá debatirse en un juicio de fondo, lo que le enmienda la plana a quien entendía que con apresamientos acompañados de un show dejaría satisfecha a la sociedad dominicana.
ADOCCO indicó que no es la primera vez que son presentados expedientes débiles por el ministerio, aplicando el mismo método de Poncio Pilato de lavarse las manos y acusar a la justicia de ser la responsable de la impunidad al no producir condenas, cuando el responsable es quien apertura un caso sin antes contar con las pruebas que puedan ser valoradas por el juez al que le corresponde conocer, por ello respaldamos plenamente lo externado por la jueza German Brito cuando dijo que “En el estado actual del proceso, y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada en el curso de la investigación, no augura un futuro esperanzador, por el momento, del juicio a fondo”, expresa la magistrada, quien emitió un voto disidente a la sentencia del Tribunal.
Conforme la decisión evacuada por la sala penal de la SCJ, el abogado Conrado Pittaluga pasará a cumplir arresto domiciliario por nueve meses; Radhamés Segura, Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González deberán presentar una fianza de RD$15 millones, así como presentación periódica; César Sánchez, fianza de 10 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica el primer lunes de cada mes; Máximo De Óleo, fianza de cinco millones de pesos, así como impedimento de salida y presentación periódica, mientras Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, permanecerán encarcelados y Alfredo Pacheco que deberá pagar la garantía económica de RD$5.0 millones impuesta por el juez Ortega.
Respeto a los pronunciamientos del procurador General de la República, Jean Rodríguez, de que respeta la decisión de los honorables jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia , que varió las medidas de coerción a varios de los implicados en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht, espera que la misma no afecte la continuación de la investigación local, debido a maniobras que podrían realizar algunos de los involucrados, con la finalidad de obstruirla e incluso para sustraerse del debido proceso, ADOCCO le recordó que tuvo seis meses para asegurar y copilar las pruebas, recomendándole que para que evite hacer un papelazo recurra a los medios puestos a su alcance para que elabore un expediente que no se caiga en la jurisdicción de juicio, como suele ocurrir. Concluyó
