Dos días despues de presentado el pedido fiscal, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. A ambos se los acusa de los delitos de lavado de activos, por los aportes que el Partido Nacionalista recibió para las campañas presidenciales de 2006 y 2011, en las que Humala se postuló.
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Posteriormente, Concepción Carhuancho ordenó su captura nacional e internacional. Pero no hizo falta que Humala y Heredia fueran detenidos por las autoridades. Durante toda la tarde, permanecieron en su residencia del distrito de Surco, siguiendo los pormenores de la audiencia que resolvió su suerte. Conocida la decisión del juez, salieron juntos de su hogar y se dirigieron al Palacio de Justicia del centro de Lima, para entregarse. Pasarán esta primera noche en la carceleta del Poder Judicial, mientras esperan que se resuelva a qué establecimiento penitenciario serán conducidos definitivamente.
En el trayecto, ambos tuvieron tiempo para publicar sus reacciones en sus cuentas de Twitter. Humala escribió: “Esta es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos”. Poco antes, Heredia había dicho: “A pesar de la arbitrariedad estamos aquí, confiamos en que esta decisión se va a revertir por ser de justicia. ¡Confiamos en nuestro país!”.
El pedido de prisión fue presentado por el fiscal provincial Germán Juárez Atoche. Lo respaldó en elementos aparecidos recientemente en el caso, como las declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú. Según afirmó a un grupo de fiscales que viajaron a Brasil para interrogarlo, a mediados de 2010 recibió una llamada en la que Marcelo Odebrecht le ordenaba realizar donaciones para la campaña electoral nacionalista. Estas fueron solicitadas expresamente por el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, cuya caja común con el gigante brasileño de la construcción estaba a cargo del entonces ministro de Hacienda, Antonio Palocci, conocido como El Italiano. A Humala le hacían falta recursos para enfrentarse a rivales como Keiko Fujimori, Alejandro Toledo o el ahora presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
La versión de Barata fue confirmada por el propio Marcelo Odebrecht, quien declaró a la justicia: «el Grupo Odebrecht, a pedido de Antonio Palocci Filho, habría enviado, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas [la dependencia de Odebrecht encargada de administrar los sobornos], tres millones de dólares al candidato a la Presidencia del Perú Ollanta Humala».
Las actuaciones de la justicia no han estado exentas de críticas. Se argumenta por ejemplo que el fiscal Juárez Atoche se ha tomado casi tres años de investigación sin formular acusación y que los hechos no parecen cumplir los requisitos para configurar lavado de activos, pues los dineros no serían de origen ilícito. A pesar de ello, en su resolución, el juez Concepción Carhuancho afirmó que ha llegado a la convicción de que existen elementos del delito, que se puede presumir que hay una perturbación de las pruebas, que el peligro de fuga no es ajeno a Humala y Heredia, y que la medida es proporcional.
Ollanta Humala pasa así a ser el segundo mandatario peruano en prisión, luego de que Alberto Fujimori fuera extraditado de Chile en septiembre de 2007, para ser procesado y condenado por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos. También se encuentra en líos con la justicia el expresidente Alejandro Toledo Manrique, contra quien pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses, por haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht, para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que enlaza Perú y Brasil. Toledo se encuentra en los Estados Unidos, en condición de prófugo de la justicia, a la espera de que un proceso de extradición en su contra se resuelva.
Como explicó Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, luego de resolver el pedido de prisión preventiva, el juez deberá remitir un oficio al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que se encargará de evaluar adónde recluye a la otrora pareja presidencial. Se especula que, por tratarse de un expresidente, el destino de Humala sería la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde ya está recluido Fujimori. Nadine Heredia sería enviada al penal de Chorrillos, el único en Lima que alberga a mujeres.
