El régimen de Nicolás Maduro está honrando la promesa de encarcelar uno a uno a los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que juramentó el Parlamento la semana pasada en abierto desafío a su autoridad. Esta vez le ha tocado el turno a Jesús Rojas Torres, de la corte electoral, y a Zuleima González, suplente de la Sala Constitucional, arrestados ambos en el estado de Anzoátegui, sobre la costa nororiental de Venezuela, por la inteligencia chavista. Hasta el momento van tres togados detenidos porque los restantes 30 han pasado a la clandestinidad. Uno de ellos, Angel Zerpa, ya ha sido presentado ante los tribunales militares. Según los medios locales, permanece esposado en un baño del cuartel general del Sebín, la policía política, debido a la gran cantidad de personas detenidas en los últimos tres meses y medio de protestas.
La persecución contra los miembros del Supremo paralelo, que es considerado legítimo por la oposición, es parte del decorado que enmarca el que quizá sea el momento de mayor tensión en casi dos décadas de gobierno bolivariano. La celebración de la Asamblea Nacional Constituyente, fechada para el próximo domingo, mantiene en vilo al país por las consecuencias que traerá para todos los venezolanos. Nadie va a ser el mismo después del fin de semana entrante. La oposición corre el riesgo de desaparecer purgada por la asamblea de soviets que redactará la nueva Constitución. El gobierno se enfrenta a la posibilidad de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, país que le compra buena parte de la factura petrolera. La oposición luce dispuesta a escalar el conflicto hasta niveles nunca vistos en la historia reciente.
El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha regresado a Caracas para intentar desactivar esa bomba de tiempo, pero se enfrenta al problema de las posturas casi irreconciliables de las partes. El régimen de Maduro lucía dispuesto el fin de semana a retrasar la consulta, pero ya no parece estar ganado a la idea. En el seno del gobierno hay demasiadas facciones que no se ponen de acuerdo en la postergación de la Constituyente. El viernes el presidente venezolano dijo “que le habían hecho una oferta” para retrasar la consulta, con lo que pareció admitir que podía facilitar una salida a la crisis planteada. Pero el lunes, en un acto con motivo del natalicio del Libertador Simón Bolívar, redobló su apuesta por la Constituyente. El tiempo se está agotando, ha admitido a este diario una fuente cercana a las negociaciones.
La oposición tampoco luce dispuesta a recoger a sus seguidores de las calles, el verdadero dolor de cabeza para Maduro, donde llevan tres meses y medio, hasta que el gobierno no acepte las cuatro condiciones impuestas por el Vaticano en diciembre antes de retirarse de las negociaciones: la apertura de un canal humanitario, la liberación de los presos políticos, el adelanto de elecciones y el respeto a las competencias del Poder Legislativo. El lunes Zapatero se reunió con Leopoldo López, el celebérrimo opositor preso en su casa, pero tampoco se mostraron grandes avances, De la cita solo han trascendido las generalidades sobre la necesidad de conciliar las posiciones de los actores y la reiteración, hecha por el número dos de Voluntad Popular, Freddy Guevara, de que hoy iniciará una huelga de 48 horas que busca presionar a Maduro para que retire la Constituyente.
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Aunque el gobierno controla la industria petrolera, que aporta 96 por ciento de las divisas que ingresan a la República, y una elefantiásica burocracia que le permitirá ofrecer la impresión de que la convocatoria ha fracasado, esta vez hay un acuerdo entre patrones del sector privado y los gremios que no controla el chavismo para que se sumen a la paralización. Todos coinciden en el llamado para que Maduro retire la Constituyente. El último en sumarse ha sido la central de los patronos, Fedecámaras, que considera la propuesta del oficialismo “inconstitucional es innecesaria”. “Apoyamos el llamado a huelga de los sindicatos y damos libertad a nuestros trabajadores y agremiados para que se sumen a esta actividad”, afirmó en un comunicado.
Empresarios y empleados coincidieron por última vez en un llamado a paro en abril de 2002, en vísperas del golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Hugo Chávez. Como ahora, la huelga era de 48 horas y se extendió hasta la caída temporal del fallecido mandatario. En aquella ocasión los militares le quitaron el apoyo a Chávez luego del saldo trágico de una matanza ocurrida en los alrededores del palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Caracas. Aunque los mandos altos de las fuerzas armadas dicen que están resteados con el gobierno, nadie descarta que ese escenario pueda repetirse antes del domingo. Las molestias en los cuarteles han sido reseñadas por los reporteros especializados en los temas militares.
Hay también otra urgencia para los venezolanos que se oponen a la Constituyente: las proyectadas sanciones que aplicaría Estados Unidos en caso de que se concrete la elección de los diputados. En un artículo publicado en el portal Prodavinci los economistas Alejandro Grisanti y Gorka Lalaguna advierten que los costos de esa sanción “resultarían alarmantes” debido a la perenne dicotomía que enfrentan las autoridades locales: hacer frente a los compromisos de la deuda externa o financiar las importaciones de todo lo que se consume.
Los expertos han calculado que si Estados Unidos deja de comprarle petróleo a Venezuela, que le vende a ese país el 36% de su factura petrolera, los ingresos brutos proyectados para un año con el actual precio de la cesta petrolera venezolana se reducirían en 11.700 millones de dólares. La posibilidad de colocar el crudo en otros mercados se acortaría, según los analistas, porque el alcance de las sanciones también podría en alerta a las economías que mantienen vínculos con la primera potencia mundial. Los cálculos proyectan un escenario catastrófico que proyecta una sombra sobre el futuro inmediato del país sudamericano.
