Rodrigo Tacla se ha convertido en una bomba de relojería. En uno de los hombres más temidos por los presidentes y altos funcionarios de Latinoamérica. A sus 44 años, este abogado conoce bien los secretos de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha tambaleado los cimientos políticos del continente tras confirmar el pago de sobornos millonarios a Gobiernos de 12 países. Hasta 2016, Tacla trabajó como letrado del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía, la hermética unidad de negocios especializada en comprar voluntades. Campañas electorales, regalos, fiestas, prostitutas… Todo valía para agasajar al político. Como contrapartida, presidentes y jefes de Estado correspondían a la firma con contratos de obra pública, principal fuente ingresos de la mayor constructora de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países.
EL PAÍS ha localizado en Madrid a este abogado con nacionalidad hispano-brasileña que fue arrestado el pasado noviembre por orden de un juzgado de Curitiba (Brasil). Tras pasar 72 días en la prisión de Soto del Real —acusado de soborno, blanqueo y pertenencia a organización criminal—, se encuentra en libertad provisional. Tacla será juzgado en España después de que la Audiencia Nacional rechazara su extradición a su país natal, Brasil.
La justicia brasileña le reclama por lavar presuntamente más de 12 millones de euros al dictado de la empresa. Y Odebrecht sostiene que le contrató para blanquear las comisiones ilegales.
Tacla lo niega. Argumenta que solo prestó sus servicios durante cinco años. Y que conoció las alcantarillas de la compañía porque “evaluó riesgos” como letrado en aquellos países donde la constructora compró a decenas de políticos.
El abogado, que está colaborando con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía Anticorrupción española, desvela en su primera entrevista las claves del mayor escándalo de América. Una bomba política cargada de metralla que salpica ya a los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia), o Danilo Medina (República Dominicana), y a los exmandatarios Ollanta Humala (Perú) o Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).
Pregunta. ¿Cómo actuaba Odebrecht?
Respuesta. La constructora lo arreglaba todo pagando. Repartía comisiones al funcionario más bajo de la Administración y al jefe de Estado.
P. ¿Y cómo se aproximaba al poder?
R. El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. Tenía un acuerdo con el publicitario João Santana [responsable de las exitosas campañas de los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff]. La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno.
P. El político devolvía el favor cuando alcanzaba el poder…
R. Sí. El dirigente incluía en su plan de Gobierno las obras que le interesaban a Odebrecht. La constructora, en algunos casos, asesoraba a los países sobre cómo conseguir financiación a través de organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
P. ¿A cuántos funcionarios, candidatos y presidentes sobornó Odebrecht?
R. A más de 1.000. A través de la firma, cobraron desde gerentes de empresas públicas a jefes de Estado. Solo en Brasil hay 500 personas afectadas. Y existen políticos y altos funcionarios brasileños cuyos nombres todavía no han trascendido.
P. Odebrecht abonó en 2016 la mayor multa de la historia -2.231 millones de euros- a los Gobiernos de Brasil, Suiza y EE. UU. para poder volver a presentarse a concursos públicos. La constructora reconoció con este acuerdo que desde 2001 repartió sobornos en 12 países. ¿Le consta la existencia de más Estados implicados?
R. Sí. Por ejemplo, la empresa desembolsó tres millones de euros en enero de 2016 al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne. El pago se hizo a través del diplomático de este país Casroy James. El dinero buscaba que Antigua y Barbuda no comunicara a las autoridades judiciales de Brasil los movimientos en el Meinl Bank, una entidad local adquirida por Odebrecht y que se utilizó para blanquear los fondos de los sobornos.
Aunque Browne recibió tres millones, la operación le costó a Odebrecht 10,5. La mayor parte de ese dinero acabó en el bolsillo de varios directivos de la constructora y del Meinl Bank. La decisión [del presunto soborno de Browne] se adoptó en septiembre de 2015 durante una reunión en el hotel Intercontinental de Madrid a la que yo mismo asistí.
[Browne ha negado a este periódico que recibiera un soborno de Odebrecht. Asegura que nunca ofreció un trato de favor a la constructora e insiste en que colaboró con las autoridades brasileñas en la investigación].
P. ¿Puede explicar cuál era la misión de ese pequeño banco de Antigua y Barbuda comprado por la constructora?
R. El Meinl Bank era una tapadera en ese paraíso fiscal del Caribe. Tenía solo tres empleados en una pequeña oficina. Su sede en São Paulo estaba en el consulado. Era el centro neurálgico desde el que se hacían los pagos irregulares. De ahí se transfería dinero a otros bancos como la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad clausurada en 2015 por corrupción. Mediante pagos internos se evitaba dejar rastro y eludir las huellas de los fondos cuando se incluye el Swift (código de transferencia internacional).
P. ¿Qué papel jugaron en la estructura de blanqueo la Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial en España, Banco Madrid?
R. La BPA era el banco encargado de los pagos finales. Odebrecht abría cuentas en esta entidad a nombre de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), cargos públicos susceptibles de lavar dinero. La constructora ordenaba transferencias al BPA desde su banco en Antigua y Barbuda. Después, el dinero en el BPA se traspasaba a través de movimientos internos –ajenos a los registros– hasta las cuentas de los beneficiarios.
P. ¿Cuánto gastaba la empresa al año en comisiones ilegales?
R. Cerca de 260 millones de euros. El dinero se movía en efectivo, a través de cuentas en paraísos fiscales y transferencias internacionales. La constructora, por seguridad, nunca pagaba en los países de origen del beneficiario. Y usaba el Meinl Bank para enviar fondos a Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denominan los cargos públicos susceptibles de cometer blanqueo. Así se hizo llegar dinero a Michelle Lasso, una persona próxima al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
[Una portavoz oficial del presidente Varela manifestó a este periódico que su Gobierno ha expresado su apoyo a las investigaciones de la Fiscalía de ese país y ha hecho pública, por primera vez, las donaciones que recibió para su campaña].
P. ¿Quién ideó el esquema de lavado de fondos?, ¿quién era el cerebro?
R. No hay un cerebro. Hay un banco como cerebro: el Meinl Bank de Antigua y Barbuda. El empleado del Departamento de Operaciones Estructuradas (la oficina que repartía los sobornos), Luiz Eduardo da Rocha Soares, ideó el sistema. Él fue también el responsable de la compra del Meinl Bank. Había dos directivos de la constructora que eran accionistas de esta entidad en Antigua y Barbuda sin que la empresa lo supiera.
P. ¿Cuántas empresas manejaba Odebrecht en paraísos fiscales?
R. Más de un centenar. Yo llegué a la constructora en 2011. Pero la estructura ya existía desde 2006.
P. El presidente de la firma, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de prisión. Junto a él, otros 77 cargos de la empresa colaboraron con la Fiscalía brasileña a cambio de reducir sus penas. Odebrecht ha reconocido el pago de 677 millones de euros en sobornos. ¿Es correcta la cifra?
R. No. Un exdirectivo del Meinl Bank declaró que esta entidad movió 2.200 millones de euros. Y este banco trabajaba en exclusiva para Odebrecht. No tenía clientes normales.
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