La cuenta atrás ha empezado. Dentro de un mes, diez fiscales generales y el gobernador de Idaho, C.L. “Butch” Otter, (todos republicanos) demandarán al gobierno de Donald Trump si no revoca el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que actualmente protege de la deportación a cientos de miles jovenes inmigrantes. Después del 5 de septiembre , dicen, su lucha llegará a los tribunales.
Esta inminente fecha tiene a los legisladores demócratas nerviosos sobre el futuro de DACA. El programa, establecido en 2012 por el presidente Barack Obama a través de una acción ejecutiva, ha permitido quecasi 800,000 inmigrantes indocumentados permanezcan en Estados Unidos y trabajen legalmente sin temor a la deportación.
El desafío legal contra DACA es liderado por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien argumenta que Obama abusó de su autoridad al otorgar “amnistía” a los llamados dreamers. Se trata del mismo argumento legal que paralizó el intento de Obama de establecer otro programa, conocido como DAPA, que hubiera expandido esas protecciones a los padres indocumentados de niños estadounidenses.
En los últimos meses, los legisladores de ambos partidos han promovido legislación para proteger a los jóvenes dreamers, en un contexto de temor a que la administración Trump pueda deshacerse del programa. Pero los demócratas y los activistas aseguran que su principal prioridad es mantener la protección actual que otorga DACA.
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Si el programa es eliminado en los tribunales, dijo Sharry, los activistas “lucharán como el infierno” para impulsar una ley que pueda reemplazarlo. En la actualidad, hay cuatro proyectos de ley de ese tipo en el Congreso.
Esta semana, un grupo de 156 demócratas, encabezados por el representante Raúl Grijalva de Arizona, envió una carta al presidente Trump instándole a oponerse a la demanda de Paxton. Más concretamente, pidieron a Trump a que instara al tribunal federal de Texas a desestimar la queja; también le pidieron que rechazara cualquier acuerdo extrajudicial que acabe con el programa.
“En última instancia, usted es quien establece la política de inmigración del gobierno, incluyendo la posición de su gobierno con respecto a DACA”, dice la carta. “Le instamos a responder a la amenaza de Texas contra su autoridad ejecutiva, ordenando al fiscal general (Jeff Sessions) que use todas las opciones legales para defender a DACA”.
