El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, solicitó ayer a la Procuraduría General de la República la concertación de un acuerdo de oportunidad con Ángel Rondón, acusado de repartir sobornos, para que colabore con la identificación de los sobornados por la empresa Odebrecht.
La petición de Moreno está contenida en una denuncia depositada el miércoles por ante el Ministerio Público, en la que requirió ampliar la investigación en el caso que involucra a la multinacional brasileña.
“Rondón puede brindar colaboración efectiva en identificar y prestar su testimonio respecto de los funcionarios y legisladores sobornados por él, los montos entregados y sus circunstancias, destinatarios finales, videos y otros medios de prueba”, expresó el dirigente opositor, que considera que el proceso contiene serias debilidades y ausencias.
Al dar lectura a un documento durante una rueda de prensa, Moreno señaló que la investigación no incluye a funcionarios y legisladores que, a su juicio, fueron clave en las fases de adjudicación, financiación y aprobación de los contratos de las obras.
Citó a Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo, Abel Martínez, Gonzalo Castillo, Rubén Jiménez Bichara, Vicente Bengoa, Daniel Toribio y Simón Lizardo. También a los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía y el presidente Danilo Medina.
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Destacó, entre otras de las deficiencias, que el procurador, Jean Rodríguez, asumió como verdad demostrada la confesión de la empresa que fijaba en US$92 millones el monto de los sobornos.
Dijo que se limitó a investigar los pagos irregulares e ignoró el financiamiento ilícito de campañas electorales y sobrevaluación de obras de infraestructura.
Otro de los requerimientos de Moreno incluye que sean investigados los contratos firmados entre 2012 y 2014, como son la ampliación de la carretera San Pedro de Macorís-La Romana-Bulevar Turístico del Este, carretera Cibao-Sur, Corredor ecológico de Pontezuela (o Eco Vía de Santiago); y la Central Termoeléctrica de Punta Catalina.
Además, indagar la presunta financiación ilícita de candidatos y a las campañas electorales en las elecciones de 2002, 2004, 2008, 2012 y de 2016.
Moreno pidió añadir las actividades del publicista João Santana y Mónica Moura y sus empresas, previo, durante y posterior a los comicios de 2012.
