Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América, pagó con fondos opacos a una subcontrata que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento, una infraestructura en Buenos Aires de 3.000 millones de dólares (2.572 millones de euros).
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La obra se licitó en 2006 bajo el mandato del expresidente argentino Néstor Kirchner. Y fue reactivada el pasado octubre por el actual Gobierno de Mauricio Macri. Con una ejecución del 10 %, la construcción de este proyecto que contempla más de 20 kilómetros de túnel finalizará previsiblemente en 2022.
Un consorcio donde figuró Odebrecht junto a las constructoras Iecsa, Ghella y Comsa desembolsó, al menos, 395.000 euros en negro a una subcontrata vinculada al soterramiento del tren de Sarmiento, según un informe de la Policía de Andorra del 11 de abril de 2017 al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Los investigadores concluyen esta cifra tras analizar las actas secretas del departamento de compliance (cumplimiento) de la Banca Privada d’Andorra (BPA), una de las entidades, junto con el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, utilizadas por Odebrecht para pagar comisiones ilegales a empresarios, altos funcionarios, políticos y cargos públicos.
“Operación triangular”
Uno de estas actas confidenciales recoge como el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay, Andrés Norberto Sanguinetti Barros, Betingo, pidió a la entidad pagar con dinero negro a una firma de una obra en Argentina. “Se solicita autorización para ejecutar una operación triangular, en la que participan Lion’sSoul y Carday, para pagar a una subcontrata en B”, refleja un documento fechado el 22 de julio de 2011. Lion’sSoul y Carday son dos de las sociedades instrumentales de Odebrecht para pagar sobornos, según los investigadores.
Aunque la Policía de Andorra no precisa en su informe de qué obra se trata –llega a mencionar un tramo del metro de Argentina-, dos de las cuatro empresas del consorcio del tren de Sarmiento han vinculado los presuntos pagos irregulares con este proyecto. “Tenemos conocimiento de la existencia de un procedimiento penal en fase de instrucción en Argentina contra la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras de soterramiento del ferrocarril de Sarmiento”, admite esta compañía, que reconoce también que las pesquisas judiciales indagan presuntas irregularidades en la adjudicación de la infraestructura.
La española Comsa, que tras tener una participación del 10 % abandonó la UTE, asegura a través de una portavoz que no tuvo constancia “de ninguna irregularidad” y añade que “está colaborando con las autoridades que llevan a cabo la investigación”.
La constructora italiana Ghella asegura que “no tiene conocimientos de comportamientos ilegales” en la mega obra de Sarmiento. “Siempre actuamos de manera correcta, legítima y con respeto a las leyes argentinas e internacionales”, justifica por correo un portavoz.
Los delatores de Odebrecht, sin embargo, contradicen estos argumentos. Admitieron el pago de sobornos en varios tramos de esta obra por un valor de 3,3 millones de dólares (2,8 millones de euros). El dinero habría ido a parar al entorno directo del exministro argentino de Planificación Federal Julio de Vido, según La Nación. La cifra abonada en comisiones ilegales por el gigante brasileño, no obstante, ascendería a 20 millones de dólares (17 millones de euros), según este diario, que sitúa como intermediarios “al miembro de un grupo de presión Jorge ‘Corcho’ Rodríguez” y a un ejecutivo de Iecsa, una constructora que perteneció a Ángelo Calcaterra, primo del presidente de Argentina, Mauricio Macri.
