Con Donald Trump en la Casa Blanca la política estadounidense ha vivido un año caracterizado por el sobresalto y la pugnacidad en un ambiente de creciente polarización que, para los medios, ha significado una actividad febril más intensa de lo que suele ser de por sí el arranque de todo nuevo gobierno.
A juzgar por la dinámica que se vivió en los últimos días del año, solo alterada por la tregua de las festividades navideñas, el 2018 empezará con un tono similar y con seguridad irá profundizándose a medida que se llegue a las elecciones de medio término para el Congreso, en las que los demócratas aspiran quitar o al menos recortar las mayorías de los republicanos en ambas cámaras.
Para algunos, el resultado de esas elecciones no solo podría ser crucial para el éxito de la agenda legislativa de Trump (quien este año solo pudo apuntarse una reforma de la ley de impuestos y un estrepitoso fracaso en la derogación deObamacare), sino incluso en la sobrevivencia misa de su gobierno afectado desde sus primeros días por la investigación del llamado ‘ Rusiagate’.
La posibilidad de que el Partido Republicano pierda las mayorías en el Congreso con seguridad alentará a quienes quieren someter al presidente a juicio político por los supuestos contactos de su campaña con operadores rusos para perjudicar a su rival demócrata Hillary Clinton, un tema que investigan cuatro comisiones parlamentarias y una fiscalía especial.
1. Elecciones al Congreso
El foco del año político estará puesto en las elecciones de medio término para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33, un tercio, de los del Senado.
Para el Partido Republicano es crucial mantener sus mayorías, sobre todo en el Senado, donde recientemente perdió un puesto con el sorpresivo triunfo del demócrata Doug Jones en Alabama, que lo dejó con una diferencia de apenas un voto (51 a 49).
Los demócratas confían en que pueden ganar 24 puestos que les darían el control de la cámara baja, en parte basados en la tradición registrada estadísticamente desde tiempos de la Guerra Civil que indica que, en promedio, el partido del presidente suele perder una treintena de escaños en la cámara baja.
En el Senado los demócratas consideran posible quedarse con dos senadores en Arizona y Nevada, lo que sumado al inesperado triunfo de Doug Jones en Alabama les daría una mayoría de dos sobre los republicanos.
Sin embargo, el GOP calculan que pueden desalojar hasta 11 en estados que en 2016 votaron por Trump, aunque eso iría contra la tendencia histórica que recuerda que en la cámara alta el partido de gobierno suele perder en promedio dos puestos.
2. Primarias partidistas
Antes de llegar a esos comicios previstos para el martes 6 de diciembre, ambos partidos pasarán por un proceso de primarias para seleccionar sus candidatos que, en el caso del Partido Republicano promete ser intenso y hasta fratricida, considerando la cruzada contra la élite del partido en la que está empeñado el ex estratega jefe de Trump Steve Bannon.
Bannon se ha impuesto la tarea de debilitar el liderazgo republicano en el Congreso y, en el caso específico del Senado, a través de su publicación Breibart y con fondos de poderosos donantes de la causa populista promueve candidatos retadores para todos los senadores republicanos que aspiran a la reelección, excepto en Texas, donde se definirá el escaño de Ted Cruz.
El exasesor presidencial ha estado reclutando posibles candidatos, donantes y movilizadores de bases. Su objetivo es provocar en las elecciones de medio término “una nueva ola electoral nacionalista-económica que imitará y sobrepasará” la que generó el Tea Party en 2010.
El esfuerzo que encabeza Bannon tiene en su mira al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell y aunque en Alabama, con la inesperada derrota de su candidato Roy Moore la amenaza remitió para el establishment parece haberse reducido un poco, confía en lograr importantes victorias en 2018.
El proceso empezará en marzo en Illinois y Texas y terminarán en septiembre en New Hampshire, Rhode Island y Delaware.
3. Corte Suprema
El llamado balance ideológico de la Corte podría cambiar este año si se concreta el retiro de alguno de los jueces de mayor edad o con problemas de salud con el que algunos observadores han estado especulando los últimos años: Ruth Bader Ginsburg, de 84 años, y Anthony Kennedy, de 81.
Ginsburg es considerada parte de los jueces ‘liberales’ de la corte, mientras que Kennedy, siendo uno de los llamados ‘conservadores’ ha sido un voto oscilante que ha inclinado la balanza en temas sociales como el matrimonio homosexual.
Los analistas dan por descontado que la salida de algunos de estos dos magistrados sea cubierta por el presidente Trump con alguien que apuntale la mayoría conservadora del tribunal, algo que generará un duro pulso con los demócratas que se resistirán a que la Corte Suprema se incline más hacia la derecha.
Conservadores y liberales aspiran una corte cuya composición favorezca sus posiciones, a la hora de que esta tenga que definir sobre leyes que consideran lesivas a sus intereses y en las que el Supremo tiene la última palabra al definir lo que es constitucional o no.
4. ‘Gerrymandering’
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En EEUU el grupo que tiene la mayoría en una asamblea estatal tiene la potestad de reformular los distritos electorales, de acuerdo con los datos que se presentan con cada nuevo censo. Frecuentemente se producen quejas de que esos circuitos quedan establecidos de tal manera que garantizan a sus diseñadores mantener una ventaja electoral.
Aunque en el pasado la justicia ha determinado que es inconstitucional crear esos distritos siguiendo criterios raciales, no se ha pronunciado sobre casos en los que se denuncia que un partido usa la mayoría en la legislatura estatal para dibujar los circuitos electorales.
En el caso de Maryland la queja va contra los demócratas, por lo general quienes más cuestionan la práctica son los demócratas.
Mientras algunos dicen que los tribunales no tienen la capacidad de interferir en un trabajo consagrado al poder legislativo, otros afirman que se trata de proteger el derecho a la libertad de expresión y participación política que consagra la Primer Enmienda de la Constitución. La sentencia se espera para junio de 2018.
5. Inmigración y dreamers
El futuro de las leyes migratorias, especialmente el trato que se le dará a los llamados dreamers, quienes perdieron la protección que se les otorgó bajo el gobierno de Barack Obama. El presidente Trump suspendió el programa y dejó en manos del Congreso dar con una solución permanente a los que llegaron a EEUU cuando eran menores traídos por sus padres indocumentados.
La Casa Blanca condiciona cualquier nueva medida migratoria al financiamiento del prometido muro en la frontera con México, algo que muchos demócratas consideran inadmisible para iniciar cualquier negociación que conduzca a una ley que ajuste el sistema migratorio.
A finales del 2017, ambos partidos no lograron ponerse de acuerdo para aprobar la llamada Dream Act con la que buscan regularizar la situación de unos 800,000 jóvenes, quienes estuvieron manifestándose en el Capitolio para presionar por una solución.
El plan preliminar incluía “fondos para la seguridad fronteriza”, un tema que los demócratas, desde un principio, han rechazado.
“Cuando el comité llevó el acuerdo al resto del Caucus, la mayoría lo rechazó porque no estaban de acuerdo con las exigencias de seguridad, entre ellas fondos para la reparación del muro, contratación de nuevos agentes y tecnología de vigilancia en la frontera, dijo una fuente cercana a las negociaciones a Univision.
Tras la votación en el Senado del proyecto de ley con el que se garantizó a fines de diciembre los fondos para el funcionamiento del gobierno federal por tres semanas, el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, aseguró en su cuenta de Twitter que elDream Act será votado en enero.
6. El muro con México
El caballo de batalla de la campaña de Trump es también uno de los puntos más divisivos de cuantos están planteados en el Congreso. La barrera es parte del plan de “seguridad fronteriza” que promueve la Casa Blanca y que incluye el reforzamiento en el número de agentes fronterizos y una aplicación más estricta de las leyes de inmigración.
Actualmente se somete a prueba ocho prototipos de muro, de los que se espera que el Departamento de Seguridad Nacional seleccionará uno que espera que sirva de modelo para edificar la barrera a lo largo de la frontera binacional.
Cifras conservadoras estiman que esa muralla costaría unos 21,000 millones de dólares, pero los fondos para financiarlo están en vilo porque legisladores demócratas han rechazado propuestas anteriores para renovar y edificar muros, mientras unos la consideran ineficaz para detener el narcotráfico y la inmigración ilegal otros han interpuesto demandas alegando violaciones a leyes ambientalistas.
El presidente Trump ha dejado claro que cualquier reforma migratoria requiere de la aprobación de los fondos para la construcción de la barrera, lo que presagia un tenso pulso entre el Capitolio y la Casa Blanca.
7. ‘Rusiagate’
Y como telón de fondo, el segundo año del gobierno de Trump promete seguir marcado por la misma sombra que signó al primero: la investigación de la supuesta coordinación de la campaña republicana con operarios de inteligencia de Rusia para perjudicar la candidatura de la demócrata Hillary Clinton.
El llamado ‘Rusiagate’ es objeto de investigación de cuatro comisiones del Congreso (dos en representantes y dos en el Senado) y de una fiscalía especial dirigida por el exdirector del FBI Robert Mueller.
Aunque desde el principio la Casa Blanca ha negado que existiera tal coordinación, en el trascurso de las investigaciones han caído, por otras razones, algunos nombres muy cercanos al candidato Trump: su primer asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn y su ex director de campaña Paul Manafort.
El primero se declaró culpable el 1 de diciembre de mentir al FBI sobresus contactos con funcionarios de Rusia. Lo grave no es que Flynn haya violado la Ley Logan, que prohíbe a ciudadanos particulares representar al gobierno estadounidense ante extranjeros, sino que, según el acusado, al menos en una ocasión lo hizo por instrucciones de un “muy alto miembro” del equipo de transición de Trump.
En cuanto a Manafort, este enfrentará un juicio –que no inculpa a la campaña de Trump– que lavó más de 18 millones de dólares producto de sus asesorías a otros gobiernos en la compra de propiedades, bienes y servicios en Estados Unidos.
