Por Nelson Encarnación
Son muchos los conflictos que hay que resolver y los nudos que es necesario desatar para que la nueva legislación de tránsito terrestre entre efectivamente en vigencia y se pase de las acciones teatrales a una real aplicación del estatuto.
Mi opinión de la semana pasada sobre el tema trajo generó muchas reacciones, especialmente de abogados y comunicadores que, en privado, se refirieron a lo expuesto, en razón de lo crucial que es enfrentar con determinación el caos en la circulación de vehículos en nuestro país, en especial en la ciudad capital de la República.
En primer lugar, una de las acciones fundamentales para empezar a buscarle soluciones definitivas al problema, bebe ser la determinación del Gobierno de enfrentar con decisión y sin miedo el problema del transporte de pasajeros, donde los sindicatos imponen las reglas.
Esto se comprueba cuando un grupo de chóferes decide establecer una parada o una ruta donde se le antoje, sin importar los efectos nocivos que cause, y días después la institución estatal a la que corresponda decide legalizar una violación a las normas.
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Ahora bien, los citados son solo algunos de los escollos que impedirán por siempre la organización del tránsito y el transporte en las principales ciudades del país, en especial la más importante.
Por de pronto, se nos han hecho saber al menos dos de esos problemas, uno de los cuales es la negativa del Ayuntamiento del Distrito Nacional a disponer las medidas necesarias para organizar el tránsito.
En una actitud propia de los populistas, el alcalde David Collado se niega a disponer el cambio de circulación de algunas vías, prohibir el tránsito de determinados vehículos en otras, junto con algunas medidas municipales, todo por cuidar su popularidad.
Otra dificultad se presenta en una especie de conflicto de jerarquía que se da entre el jefe de la Policía Nacional y el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte, lo que dificulta una armoniosa interacción.
Todas estas trabas y conflictos impiden que el Instituto de Tránsito y Transporte (Intrant) ponga en marcha las disposiciones más importantes de la nueva ley, pues hasta ahora la legislación empezó por la parte monetaria, es decir, con la imposición de cuantiosas multas, lo más fácil de implementar.
O por cuestiones tan baladíes como dar un plazo de dos meses para que los talleres de mecánica se registren, como si el problema fundamental de la caótica movilidad vehicular fuese tener un inventario de mecánicos que se ganan la vida reparando autos en un patio.
