La Asamblea Nacional exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que fije posición inmediatamente, frente a las violaciones de derechos humanos que se originaron por la muerte del ex inspector del Cicpc Oscar Pérez y seis acompañantes, el 15 de enero pasado, en el que cuerpos de seguridad no solo ajusticiaron a siete venezolanos en un chalet de El Junquito, cuando querían entregarse, sino que detuvieron a 32 personas, entre 22 civiles y 10 militares, antes y después de la Operación Gedeón presentada por el Ministerio del Interior.
La diputada Adriana Pichardo recordó que ambos organismos han sido cómplices por guardar silencio mientras estas “atrocidades” se estaban presentando. Recordó que los funcionarios del Estado han realizado procedimientos ilegales para saquear y destrozar las viviendas de los asesinados. Relató que desde el 15 de enero el lugar de residencia de los hermanos Abraham y Jairo Lugo ha sido allanado en reiteradas ocasiones. “Ya no han ido más porque no tienen nada que robar”, agregó.
También mencionó a Dayana Santana, a quien el Sebin detuvo hace seis meses como medida de presión para dar con el paradero de su esposo, el funcionario del DGCIM, José Díaz Pimentel. A través de un material audiovisual, Pichardo destacó la tortura de la que fueron víctimas los familiares de José Antonio Pérez Cisneros. A su sobrino de tres años le introdujeron un arma de fuego en la boca para que su padre, Dany Pérez, informara sobre la ubicación de armas y dólares que supuestamente estaban escondidos. Pérez Cisneros se encuentra detenido.
La parlamentaria Delsa Solórzano, presidente de la comisión especial que investiga el caso, reiteró que la Constitución no establece pena de muerte, pero sí la defensa y la asistencia jurídica que son derechos inviolables de cualquier venezolano. Sostuvo que en países donde existe la pena de muerte, los delincuentes son apresados y sometidos a la justicia.
El viernes 26 de enero, Solórzano consignó ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos el informe de la comisión especial, que reúne evidencias de que hubo una ejecución extrajudicial “ordenada por el gobierno”. Recordó que ninguno de los funcionarios citados ha acudido a rendir explicaciones. “¿Qué hacían Freddy Bernal y el miembro de un colectivo (Hayker Vásquez) que tenía dos identidades? Aún no responden”, puntualizó.
Normas violadas
1) Declaración Universal de los Derechos Humanos
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2) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
3) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
4) Convención Americana sobre Derechos Humanos
5) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
6) Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
8) Estatuto de Roma 17 de julio de 1998 (CPI)
10) Estatuto para la creación del Tribunal para la ex–Yugoslavia
