Celebramos la recuperación del ritmo de crecimiento económico anunciado por el Banco Central. La ocasión es propicia, en consecuencia, para que el gobierno aproveche esta recuperación para introducir las rectificaciones necesarias a sus políticas y procederes a fin de que ese crecimiento sea adecuadamente distribuido entre toda la población dominicana mediante una mayor equidad social de la riqueza producida.
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Esto requerirá propiciar que la economía, no el Estado, mejore los niveles de ocupación laboral, niveles salariales sin afectar productividad y competitividad, disminuir la concentración de la riqueza que ha producido el modelo de crecimiento hasta ahora observado y mejorar la calidad del gasto público.
Implicará (1) cambiar la economía especulativa establecidas para poder fomentar una economía productora, (2) eliminar favoritismos en contrataciones incluyendo especialmente las asociadas a prácticas de corrupción admitidas por las propias empresas, (3) eliminar exenciones impositivas privilegiadas, (4) suprimir subsidios improductivos inspirados en temores, populismos y clientelismos políticos (5) rediseñar la intervención estatal en fijaciones de precios que distorsiona la competencia imprescindible para la competitividad, (6) mejorar calidad el gasto en servicios públicos que hoy la población tiene que pagar directamente y (7) simplificar el sistema tributario para reducir informalidad y evasión.
Todo lo anterior contribuirá a incrementar las recaudaciones, y en consecuencia la presión tributaria, diseñada legalmente para captar un 28% pero que, por la informalidad predominante superior al 50% , solo puede alcanzar recaudaciones por el 14% del PBI.
Las mayores recaudaciones pudiera permitir desmontar la economía especulativa montada por el gobierno a través de las elevadas tasas de interés que tiene que pagar para atraer recursos y cubrir sus déficits, hoy situada en un 12%,;tasa que desalienta la inversión de recursos en una economía productora y generadora de puestos de trabajo dignos como en la agropecuaria y la industria.
La eliminación de favoritismos y privilegios en contrataciones, exenciones y subsidios, proyectará en la población una imagen de justicia y equidad que estimulará a los contribuyentes al pago de impuestos. Borrara de la mente del contribuyente la pregunta de porque pagar si a otros exoneran y para que pagar si es para destinarlos a privilegios y favoritismos en lugar de devolver lo contribuido en naturaleza o en especie.
El rediseño de la intervención estatal en fijaciones de precios debería procurar la competencia hoy cercenada al establecer el gobierno márgenes fijos de beneficios de empresas que participan en negocios como es el caso de los combustibles en perjuicio de reducciones de precios en beneficio de la población y la competitividad económica.
Mejorar el gasto en servicios públicos que hoy pagamos directamente los contribuyentes – a través de plantas de emergencia, inversores, pozos y cisternas, vigilantes, vehículos propios, etc – también constituye un estímulo a la tributación por contribuyentes que se verían liberados de incurrir en estos pagos y reciprocados en los impuestos que paga
Simplificar el sistema tributario, hoy sobrecargado de tributos y procedimientos y con tasas elevadas que empujan a los agentes económicos a la informalidad , eliminará obstáculos y pretextos para que las recaudaciones fluyan formal y adecuadamente.
Con estas disposiciones el gobierno podría sintonizarse adecuadamente con reclamos nacionales reflejados en las encuestas, de recibir mayores beneficios del crecimiento; así como con exigencias internacionales que además de reclamar igualmente rectificaciones al modelo económico seguido, tienen en agenda imponer restricciones a su asistencia financiera internacional en función de sus urgencias políticas- militares, ambientales, migratorias.
Y condicionadas a la procura del saneamiento de comportamientos inapropiados asociados a la corrupción y lavado de activos.