Frontera, defensa e infraestructuras. El proyecto de presupuesto presentado por Donald Trump para 2019 ofrece un buen negativo de su ideología. Estados Unidos se protege de la inmigración (23.000 millones), refuerza su músculo militar (686.000 millones) y activa el crecimiento interno con 200.000 millones en obras públicas. Una propuesta que se ajusta milimétricamente a las necesidades electorales republicanas, pero que recorta drásticamente los gastos sociales y quiebra la promesa de contener la hemorragia presupuestaria. Lejos de cualquier moderación, la iniciativa (4,4 billones) aumenta un 10% el gasto y dispara el déficit hasta casi el billón de dólares.
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Es la cuadratura del círculo. En diciembre, Trump puso en marcha un recorte de impuestos de 1,5 billones de dólares y la semana pasada promovió un pacto entre republicanos y demócratas para aumentar el techo de gasto en 300.000 millones en dos años. En este escenario, ahora ha lanzado un presupuesto que tiene como punta de lanza un plan de infraestructuras de 200.000 millones en un decenio. Un catalizador de la inversión que la Casa Blanca espera que llegue a aglutinar 1,5 billones en fondos privados y públicos, pero que nadie ha explicado cómo se financiará.
Esta incertidumbre, en un país con una deuda pública superior a los 20 billones, se agrava ante la renuncia expresa a alcanzar el equilibrio fiscal, uno de los mandamientos de la biblia republicana. Por el contrario, el texto presentado este lunes admite que en un decenio el déficit acumulado puede alcanzar los 7,2 billones, frente a los 3,2 billones que Trump prometió el año pasado. Es un desequilibrio gigantesco que ni siquiera frenan los recortes masivos en gasto social: tres billones de dólares en 10 años, especialmente en programas sanitarios y de alimentos.
Creíble o no, el presupuesto tendrá que pasar por la trituradora del Congreso. Ahí, republicanos y demócratas diseccionarán las partidas y las someterán a sus necesidades, que este año gravitan en torno a las elecciones del 6 de noviembre, cuando se renovará toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 39 gubernaturas. Nadie sabe con precisión qué quedará vivo tras la digestión parlamentaria, pero en cualquier caso el reparto de fondos presentado por la Casa Blanca ofrece una buena fotografía de sus objetivos políticos.
En la cuestión migratoria, que esta semana centrará el debate en el Congreso, el presidente exige 23.000 millones para seguridad fronteriza, incluyendo 18.000 millones para el muro con México. Fuera ha quedado cualquier partida destinada a los dreamers, los casi 700.000 inmigrantes registrados que llegaron siendo menores a EEUU y que, por orden de Trump, se quedarán sin protección legal el próximo 5 de marzo. “No he incluido este apartado en el presupuesto para que los congresistas puedan debatir libremente y llegar a un acuerdo”, se justificó el presidente.
Otra apuesta fuerte procede del gasto militar. Logrado un aumento del techo de gasto de 69.000 millones, el presupuesto de defensa queda en 686.000 millones y permite, en palabras del jefe del Pentágono, Jim Mattis, “volver a la primacía” en el pulso geoestratégico con Rusia y China. “Tendremos una fuerza nuclear totalmente modernizada y nueva. Ojalá no haya que usarla, eso dependerá de otros, pero que nadie dude de que mientras sea presidente estaremos por encima de cualquiera en poderío nuclear”, afirmó Trump.
La joya de la corona recae en el plan de infraestructuras. En su día fue presentado como el gran proyecto de 2018 y ocupó un lugar central en el discurso del estado de la Unión: “Juntos podemos recuperar nuestra herencia como constructores. Construiremos flamantes carreteras, puentes, autopistas, vías férreas y vías fluviales por toda nuestra tierra. Y lo haremos con corazón estadounidense, con manos estadounidenses y con agallas estadounidenses”. Esas fueron las palabras de Trump, pero ahora, volcada al papel, la iniciativa ha quedado jibarizada. Del billón de dólares que la Administración federal iba a inyectar para dinamizar las infraestructuras de transporte, agua y electricidad, la aportación se ha reducido a 200.000 millones. El resto procederá de fondos estatales, locales e inversión privada. Un auténtico rompecabezas que tiene a su favor tanto la promesa de la Casa Blanca de retirar cualquier obstáculo burocrático como las evidentes ganancias electorales que puede generar a los congresistas.
