El fiscal argentino Alberto Nisman, que investiga desde 2004 el atentado con coche bomba contra la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el que murieron 85 personas el 18 de julio de 1994, ha acusado a la presidenta Cristina Fernández y a otros miembros del Gobierno de “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa Amia” con el propósito de “liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán”.
Veinte años después de que un coche bomba estallase a las 9.05 de la mañana frente a la sede de la asociación judía, en el barrio de Once, aún no se ha esclarecido quiénes fueron los culpables del atentado más sangriento perpetrado contra la comunidad judía desde la II Guerra Mundial, aunque las pesquisas en Buenos Aires apuntaban hacia Irán. Tras varios años de investigación, la Justicia argentina difundió en 2006 una orden de captura contra el exministro iraní de Defensa Ahmad Vahidi; el exministro iraní de Información Alí Fallahijan; el exasesor gubernamental Mohsen Rezai; el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani; el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Ashgari, y el libanés Imad Fayez. Y en marzo de 2007, Interpol colocó a los seis altos cargos bajo el sistema rojo de notificaciones, es decir, en busca y captura.
La investigación parecía encontrarse en un callejón sin salida hasta que el último domingo de enero de 2013 Cristina Fernández publicó 19 tuits en los que mencionaba en diez ocasiones la palabra “histórico” para anunciar la firma de un acuerdo con Irán mediante el cual se crearía una “Comisión de la Verdad” integrada por juristas internacionales para aclarar la responsabilidad del atentado. Aquel principio de acuerdo fue rechazado por las principales asociaciones judías de Argentina, ya que temían que por el hecho de firmarlo se desactivarían las órdenes de búsqueda de Interpol.
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Nisman solicita en un escrito de 300 páginas que Fernández y los otros denunciados sean sometidos a interrogatorios o declaraciones indagatorias y se les embargue bienes por valor de 200 millones de pesos, equivalentes a 19,7 millones de euros. El fiscal asegura que la “confabulación criminal” para “liberar a los acusados” fue decidida por Cristina Fernández y “puesta en funcionamiento, principalmente, por su ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Marcos Timerman”. La denuncia también afecta al diputado oficialista Andrés Larroque, así como a dirigentes sociales Luis Ángel D’Elía y Fernando Luis Esteche, el exfiscal federal y exjuez de instrucción Héctor Luis Yrimia, y el referente comunitario iraní, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil.
El fiscal afirma: “Mientras el Poder Ejecutivo hablaba de justicia y verdad, en los hechos había acordado impunidad. Buscaba acercase geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo por granos y hasta venderle armas. Para ello, el canciller Timerman celebró acuerdos secretos con Teherán, que luego fueron reconocidos públicamente por el excanciller iraní Salehi, y se comprometió a dar de baja las notificaciones rojas [órdenes de busca y captura de Interpol] de los terroristas iraníes prófugos, circunstancia que no pudo cumplir por la firme negativa de Interpol”.
Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, tachó de ridícula la petición del fiscal. Y recordó que el acuerdo fue refrendado por el Senado y la Cámara de Diputados, donde el Gobierno hizo valer su mayoría. “La presidenta tiene la potestad de firmar tratados y el Congreso debe aprobarlos. Es un sinsentido lo que está sucediendo. No tiene ningún asidero. ¿Por qué no llamó [el fiscal] a indagatoria a todos los senadores y diputados que lo votamos?”
