En 2017 aumentaron las restricciones de la labor periodística, se incrementaron las violaciones de la libertad de expresión, la censura y el cierre de medios de comunicación en el país, informó el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS).
El informe anual de la organización, correspondiente al año pasado, indica que hubo 518 casos que acumularon 1.087 violaciones de la libertad de expresión, entre enero y diciembre.
“Este resultado se inscribe en un contexto de conflictos sociopolíticos que a lo largo del año coartaron los derechos comunicacionales de los venezolanos”, señala.
Añade que la cifra evidencia un aumento de las restricciones de la labor periodística con respecto a 2016, cuando ocurrieron 331 eventos que comprendieron 763 violaciones.
También contó 35 casos de restricciones, señalamientos y amenazas a corresponsales extranjeros. “Estas acciones, que se han vuelto recurrentes, atentan contra la profesión del periodismo al vulnerar la libertad de expresión y el acceso a la información”, considera el IPYS.
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El informe también afirma que en 2017 ascendió a 49 el número de medios audiovisuales nacionales censurados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Los más perjudicados el año pasado, de acuerdo con el monitoreo de alertas a la libertad de expresión y acceso a la información, fueron los reporteros, víctimas en 52% de los casos (276); luego se encuentran los reporteros gráficos y camarógrafos, con 107 y 38 alertas, respectivamente.
Diarios cerrados. En lo que va de 2018 IPYS ha registrado seis casos de cierre de medios impresos (tres temporales y tres definitivos) por fallas del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, adscrito a la Vicepresidencia de la República, en la distribución de papel periódico y otros insumos requeridos en la producción informativa.
Desde agosto de 2013 hasta febrero de 2018 registró el cierre de 35 diarios, de los cuales 18 han salido de circulación de manera definitiva y 16 temporalmente. Los últimos 3 periódicos que suspendieron la publicación fueron La Región (Sucre), El Impulso (Lara) y La Verdad(Monagas).
La ONG manifiesta preocupación por la implementación de estructuras de vigilancia en las redes sociales: “Solo buscan afianzar los intereses proselitistas que favorezcan la gestión del presidente Nicolás Maduro”.
