Por: Fausto Herrera Catalino
Este tema es la actual trama oficialista para desviar la atención de las múltiples exigencias ciudadana. En primer lugar, se repite expresa e insistentemente que se conocerá la Ley de Partidos y agrupaciones políticas que al término de este mandato será mayor de edad, es decir, más de 18 años en estudios, comisiones y proyectos elaborados.
La concertación de un pacto político impulsado por el bloque de partidos políticos que procuran alcanzar el poder inicia con la aprobación del marco jurídico de la Ley Electoral y su aplicación especifica, la Ley de Partido políticos.
La manipulación en el trato de esta cuestión ha sido la norma de cada partido en el gobierno o de mayoría parlamentaria, como el caso vigente. Se llegó al extremo de que el comité político “del partido hegemónico” se adjudico, exclusivamente, y, a su manera, la imposición de normativa de acuerdo a su estrategia de continuismo permanente.
Es conocido por el país, la forma amañada que utiliza el partido oficial en su desenfreno pervertido de la actividad política.
El entramado de la Junta Central Electoral, designada por el esquema dominante, se adelante a decir que si no se aprueban dichas leyes en tiempo hábil no podrán ser aplicadas en el venidero proceso del 2020.
Dicha postura conectada con la opinión de que la entidad electoral tiene prerrogativa por ley para disponer medidas, según expresó el presidente del partido de gobierno.
El intrascendente debate de primarias abiertas o cerradas es otro truco de apropiación del escenario publico en conexión con la campaña reeleccionista, que prohíbe el Articulo 124 de la Constitución “…no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la Republica”.
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Sin embargo, con la rendición de cuentas, el presidente de la Republica, en la reunión conjunta de las cámaras legislativas el 27 de febrero último, inicio el circo con 108 aplausos sin justificación ninguna. El coro del tema sigue. Algunos aspavientos del guion como la escena de los señores Roberto Marchena y Franklin Almeyda.
La oposición no debe seguir haciéndole el juego a tales engaños. La gestión que inicio ante organismos internacionales para denunciar la ausencia de garantías democráticas es positiva, si, además, se agrega la movilización de la población por los respectos a sus derechos cívicos y políticos.
En nuestra sociedad existe un fuerte sentimiento anti política que crece exponencialmente con cada acción indebida de los actores partidarios.
Según el uruguayo Marcos Otheguy “Hay dos fenómenos interrelacionados que están provocando un enorme daño a la política y a los partidos políticos: la mezcla de política y empresas, y la reducción de la política meramente a las campañas publicitarias o de marketing. Se trata de campañas cada vez más costosas, en las que, en vez de debatir ideas y proyectos, se intenta “vender” un producto edulcorado y vacío de contenido. Se obliga a los partidos a invertir sumas obscenas en estas, y los colocan en un camino muchas veces sin retorno de obligaciones y prebendas con aquellos que ponen el dinero para las campañas”. Tal como lo hicieron los sobornos de Odebrecht.
Si queremos construir un futuro de democracias plenas, igualitarias y en las que los derechos humanos tengan plena vigencia, la tarea es comenzar a encontrar respuestas a estos graves problemas que enfrenta la política cotidiana en la Republica Dominicana. Es impostergable el cambio de rumbo.
Se trata, en consecuencia de tomar decisiones que rescaten a la política de este camino y la coloquen en la senda de la transparencia, la participación ciudadana y la construcción de democracia de calidad.
En concreto la supervivencia de los partidos, obligados a rectificar su rol. Dichas organizaciones ameritan una transformación hacia un nuevo orden democrático participativo con transparencia política. El Partido Revolucionario Moderno tiene su mejor oportunidad en la renovación de su liderazgo de conformidad al clamor de no a la corrupción y a la impunidad.
12 de marzo de 2018
