SANTO DOMINGO. En América Latina el escándalo por los sobornos pagados por Odebrecht sigue teniendo consecuencias al más alto nivel de las estructuras gubernamentales, excepto en República Dominicana, tercer país en recibir mayor cantidad de valores indebidos y donde operó por un tiempo la estructura operativa de pago de ilícitos de la multinacional a cambio de obras estatales
A pesar de que la constructora brasileña admitió haber distribuido US$92 millones del 2001-2014 para ser favorecida con obras y apoyar campañas políticas de diversos aspirantes a cargos congresuales y presidenciales, la investigación de la Procuraduría General de la República se ha enfocado en congresistas, ministros y exfuncionarios públicos.
Los pagos indebidos, de acuerdo con lo confesado por la empresa, se hicieron en los gobiernos de los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y del actual mandatario Danilo Medina, cuyo asesor de campaña, Joao Santana, fue condenado en Brasil. Sin embargo las indagatorias por el ilícito penal no han llegado a las altas cúpulas de poder y solo el movimiento Marcha Verde presiona para que se haga una investigación más profunda.
Contrario a República Dominicana donde el procurador general es designado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional es liderado por el partido que más se habría beneficiado de los sobornos, en Perú existe un Ministerio Público independiente y un congreso con mayoría opositora, lo cual les habría permitido dar pasos significativos.
Además de Brasil, país que tiene el mayor número de condenados y procesados por los US$788 millones pagados por la multinacional en doce países, entre ellos Marcelo Odebrecht y el expresidente de la Nación, Luis Inazio Lula Da Silva, en Perú, Ecuador y Panamá se han producido las acciones más contundentes en torno a ese caso.
Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de la República del Perú antes de ser sometido, nuevamente, a un voto de destitución en el Congreso, para convertirse en el político de más alto nivel en caer por el caso. En esa nación se conformó un equipo especial de fiscales, exclusivamente para Odebrecht.
Los fiscales especiales sometieron penalmente, al expresidente Alejandro Toledo, cuya extradición está siendo solicitada a Estados Unidos, en tanto que el exmandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, están en prisión preventiva.
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Por ese mismo escándalo permanece detenido en Miami, Estados Unidos, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, cuya extradición fue solicitada, mientras que sus hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto, así como su hermano Mario, también están en prisión junto a otras personas. Panamá también creó una fiscalía exclusivamente para ese tema.
Fuera del Brasil, Ecuador es el único país que ha condenado a imputados por el caso. El vicepresidente de la nación, Jorge Glas, fue sentenciado a seis años de prisión y destituido del cargo. También fueron condenadas otras siete personas incluido el tío de Glas, Ricardo Rivera.
La Fiscalía de El Salvador dijo tener información que sugiere que Odebrecht financió ilegalmente a Santana, también asesor de campaña del expresidente Mauricio Funes. Este fue condenado por enriquecimiento ilícito y se encuentra exiliado en Nicaragua desde 2016.
El procurador dominicano, Jean Alain Rodríguez, ha afirmado que tiene toda la información requerida a Brasil, sin embargo solicitó más tiempo para la investigación pero lo que hasta ahora se ha evidenciados es que la investigación solo abarca a “los mencionados por Odebrecht”.
Hasta el momento han sido sometidos a la justicia Julio César Valentín y Tommy Galán, Alfredo Pacheco, César Sánchez, Máximo De Óleo, Andrés Bautista, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Roberto Rodríguez, Ruddy González, Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos.
El procurador Alain Rodríguez solicitó a Argentina, Panamá y España informes sobre productos financieros de los catorce imputados así como de hijos, yernos, esposas, hermanos, parientes o allegados a ellos. Las solicitudes incluyen a 34 personas y 51 empresas vinculadas a los procesados por los US$92 millones que admitió haber pagado la constructora entre el 2001 y el 2014.
