De las cerca de 20 preguntas que incluirá el formulario del Censo del 2020, hay una,la última que se propone incorporar para la consulta, que está generando una tormenta política y amenaza convertir la encuesta nacional de población que se hace cada diez años en un campo más de la dura batalla política entre Donald Trump y los republicanos contra el Partido Demócrata.
La aparentemente técnica y protocolar ‘pregunta de ciudadanía’, con la que se indaga si el que responde el cuestionario es o no ciudadano estadounidense, ha desatado críticas de expertos en censos (incluyendo varios ex jefes de la Oficina del Censo) grupos de defensa de derechos humanos y congresistas, quien consideran que afectará la precisión del conteo decenal al disuadir a muchos inmigrantes a responder el formulario.
Eso tendría consecuencias en la exactitud del conteo, temen algunos especialistas en la materia. Pero al perderse la precisión en el registro poblacional los fondos federales destinados a programas de infraestructura, educación o salud pueden terminar siendo insuficientes. Y además, impactaría la representación política al Congreso federal y otras asambleas que se definen en función del número de habitantes, algo que señalan muchos desde el Partido Demócrata.
“Creemos que añadir la pregunta de ciudadanía al Censo 2020 incrementará considerablemente los riesgos para el conteo de 2020”, es la recomendación que envió en su carta al Departamento de Comercio un grupo de ex directores de la Oficina del Censo, cuyas gestiones van desde 1973 y trabajaron con gobiernos de ambos partidos.
“Es altamente riesgoso hacer preguntas que no han sido comprobadas en el contexto del diseño completo del Censo 2020. Hay una gran evidencia de que incluso pequeños cambios en el orden del cuestionario, redacción e instrucciones pueden tener una significativa y frecuentemente inesperada consecuencia en la calidad y veracidad de la respuesta”, indican en su carta.
Menos gente, menos poder
Pero lo técnico desemboca en un debate político, cuando surgen voces de quienes aseguran que la intención es disuadir a los no ciudadanos a participar en el censo. Hay quienes indican que, dado el ambiente hostil a la inmigración que se genera desde la Casa Blanca, muchos extranjeros indocumentados o no, se abstendrán de responder el cuestionario por temor a que la información sea usada contra ellos o sus relacionados.
Si ese efecto se comprobara y en algunas regiones el censo indicara un menor registro de población que el de 2010, podrían desaparecer varios circuitos electorales. Los demócratas aseguran que eso iría en detrimento de su partido, considerando que las zonas con mayor diversidad racial y nacional suelen serle favorables.
El Departamento de Comercio justifica la inclusión de la polémica pregunta asegurando que se trata de garantizar el cumplimiento de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto de 1965 que “prohíbe prácticas electorales discriminatorias o procedimientos que discriminan en base a la raza, color o membresía en uno de los lenguajes de los grupos minoritarios”.
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