Por Guillermo Caram
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Los tambores de guerra diplomática internacional, económica y comercial, que estamos observando entre principales potencias del mundo hace imperativo e impostergable, por sus eventuales repercusiones en el flujo financiero de recursos hacia el país, que se escuche el planteamiento formulado por él CREES sobre implementar una reforma tributaria y se amplíe esta reforma para enmarcarla dentro de la reforma fiscal que el gobierno tenía la obligación de propiciar por mandato de la Estrategia de Desarrollo dentro de un plazo de tres años que ya venció en el 2015, hace más de dos años.
Al respecto sE recuerda que el párrafo del artículo 36 de la ley 1-12 ordenó propiciar un pacto fiscal, para, entre otros mandatos, “elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público” así como “elevar el ahorro corriente”.
Habiendo transcurrido estos tres años de plazo sin que el gobierno muestre interés de cumplir esta obligación sino que por lo contrario abortó su discusión en 2012 al resistirse a discutir los gastos; las instancias responsables de la nación que forman parte del Consejo Económico y Social, organismo encargado de procurar la concertación social, deberían aprovechar el acicateo que provoca el planteamiento de la CREES para exigir, por iniciativa propia, la convocatoria del Consejo con miras a abordar la concertación del Pacto Fiscal.
Se recuerda que el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL es un organismo constitucional, creado mediante el art. 251 de la Constitución y regulado por la ley 142-15 donde se reconoce su capacidad de actuar por iniciativa propia tal y como se consigna en el articulo 5 de dicha ley que reza así:
“Artículo 5.- Funciones del CES. El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo y de concertación social que, a solicitud del Presidente de la República o a iniciativa propia….”
La delicada situación internacional que se observa, y la indiferencia del gobierno de encarar sus eventuales consecuencias, hace imperativo el empoderamiento de las fuerzas activas de la nación que participan en el Consejo Económico y Social para preservar el equilibrio fiscal y la estabilidad económica necesarias para la sostenibilidad y perfectibilidad de nuestra democracia así como para su eficacia y eficiencia social y económica que garanticen la paz y orden públicos.
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