Por Polón Vásquez
Pvasquez3570@yahoo.com
FILADELFIA, PA–La ciudad de Filadelfia y parte de una coalición de 18 procuradores generales, seis ciudades, y la bipartidista Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, se unió a una demanda para bloquear la administración Trump de exigir información de la ciudadanía en el censo del 2020.
“Exigir información sobre ciudadanía deprimiría la participación del Censo en estados con grandes poblaciones de inmigrantes, amenazando directamente la representación justa de esos estados en el Congreso y el Colegio Electoral, así como miles de millones de dólares en fondos federales críticos para educación, infraestructura, Medicaid y más”, indica un documento enviado por la ciudad a los medios locales.
“Ningún residente debe temer participar en un conteo de censo por temor a la deportación. Esto daría como resultado un recuento que no es verdaderamente representativo de nuestra población”, dijo el alcalde Jim Kenney.
“Estoy muy preocupado sobre cómo las consecuencias de esto afectarán los fondos federales que recibimos, así como la representación justa de nuestros residentes en diferentes niveles de gobierno”, señaló el alcalde.
La demanda, que se presentó esta mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, fue dirigida por el Fiscal General de Nueva York Eric Schneiderman y se unió a los Fiscales Generales de Nueva York, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
Las ciudades de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Providence, San Francisco, Seattle y la Conferencia de Alcaldes bipartidista de los Estados Unidos.
Según la Constitución, la Oficina del Censo tiene la obligación de determinar “el número total de personas en cada estado.” Sin embargo, se espera que requiera información de ciudadanía en el censo para deprimir la participación de los inmigrantes, haciendo un recuento incompleto de la población que perjudicaría de forma desproporcionada los estados y las ciudades con grandes comunidades de inmigrantes.
Los no ciudadanos se cuentan en el censo a los fines de los fondos federales, la distribución de escaños en el Congreso y los votos del Colegio Electoral, y el sorteo de los distritos estatales y locales.
El 12 de diciembre de 2017, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó que la Oficina del Censo solicite información sobre ciudadanía en el formulario del censo 2020 enviado a todos los hogares en los Estados Unidos, aunque se supone que el censo debe contar todas las personas, ciudadanos y no ciudadanos por igual.
El Departamento de Justicia argumentó que la recopilación de dicha información era necesaria para garantizar la aplicación adecuada de la Ley de derechos electorales de 1965.
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Sin embargo, como argumentó una coalición de Procuradores Generales en una carta enviada al Secretario de Comercio en febrero, la demanda tendría precisamente el efecto opuesto al reducir la participación en las comunidades de inmigrantes, una preocupación que es aún más aguda en el clima político actual.
El recuento insuficiente resultante privaría a las comunidades de inmigrantes de una representación justa cuando se distribuyan los escaños legislativos y se tracen las líneas del distrito.
La demanda presentada hoy se presenta bajo la Cláusula de Enumeración de la Constitución de los Estados Unidos, ya que esta acción de la administración Trump impedirá una “Enumeración real” requerida por la Constitución.
También se encuentra bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, que permite al tribunal anular decisiones de agencias ilegales o arbitrarias y caprichosas.
Como lo demuestra la propia investigación de la Oficina del Censo, la decisión de exigir información sobre ciudadanía “pondrá inevitablemente en peligro la precisión general del recuento de población” al disuadir significativamente la participación en comunidades de inmigrantes, debido a las preocupaciones sobre cómo el gobierno federal utilizará la información de ciudadanía.
Estas preocupaciones se amplifican con la retórica antiinmigrante del presidente Trump y el patrón de acciones dirigidas a las comunidades de inmigrantes.
En 1980, la Oficina del Censo rechazó la adición de una pregunta sobre ciudadanía y dijo: “Cualquier esfuerzo para determinar la ciudadanía inevitablemente pondrá en peligro la precisión general del conteo de la población.
Obtener la cooperación de una población sospechosa y temerosa sería imposible si el grupo que se está contando percibiera alguna posibilidad de que la información se utilice en su contra.
Las preguntas sobre ciudadanía son particularmente delicadas en las comunidades minoritarias e inevitablemente desencadenarán hostilidad, resentimiento y negativa a cooperar.
En 2009, los ocho ex Directores de la Oficina del Censo que datan de 1979 -que prestaron servicios bajo presidentes demócratas y republicanos- afirmaron que una cuestión de ciudadanía deprimiría la participación y conduciría a un recuento insuficiente significativo, lo que socavaría el propósito del Censo.
Como la demanda de hoy describe, la decisión de la administración es inconsistente con las obligaciones estatutarias y constitucionales de la Oficina del Censo, no está respaldada por la justificación declarada, se aparta de décadas de práctica establecida.
