SANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República, cuya función legal es fiscalizar los recursos públicos del Estado, ha quedado mal parada tras divulgarse los resultados de una auditoría que reflejan un manejo doloso por más de 3 mil millones de pesos Oficina Metropolitana de Transporte (OMSA).
Las documentaciones de soportes de esta investigación revelan que todos los procesos en la OMSA que ahora son cuestionados, fueron revisados y aprobados por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República, sin que en ningún momento fueran detectadas irregularidades.
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Ayer la Contraloría integró un equipo técnico para evaluar el informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión en la OMSA del el ingeniero Manuel Rivas, quien está preso acusado de ser el autor intelectual del crimen del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreira.
“El propósito es elaborar un documento de repuesta a esa entidad, como lo establece el protocolo y luego darán un informe final a los medios de comunicación”, publicó este martes el periódico Listín Diario.
Participación Ciudadana ve “debilidades”
Respecto a las irregularidades en la OMSA, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, dijo ayer que “esto revela las debilidades de los organismos de control, que permitieron durante tanto tiempo un sistema de irregularidades en las contrataciones públicas de esta institución”.
Las fallas en la entidad de transporte estatal podrían involucrar no sólo a funcionarios sino también a proveedores y a técnicos de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.
¿Qué es la Contraloría General de la República Dominicana?
Daniel Omar Caamaño
La Contraloría General de la República Dominicana, es una dependencia del Poder Ejecutivo creada mediante la Ley No.1114, en el año 1929, con la finalidad de ejercer la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos.
Es la encargada de autorizar las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, tal como lo establece el artículo 247 de la Constitución dominicana.
Actualmente su director es Daniel Omar Caamaño, un contador público autorizado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y abogado, con máster en marketing y postgrado en docencia universitaria. Ocupa el cargo desde septiembre del 2016.
