La ira de Donald Trump tiene un límite. El Comité Judicial del Senado ha dado su visto bueno a una norma para proteger al fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, de un despido fulminante. La medida surge tras los reiterados ataques lanzados por el presidente de Estados Unidos contra el equipo investigador. Trump, que en sus 15 meses de mandato ha hecho de la destitución un arma de destrucción masiva, ha acusado a Mueller y sus agentes de estar infiltrados por los demócratas y actuar parcialmente. “Es una caza de brujas”, ha reiterado.
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La aprobación en comité no implica que vaya a superar la prueba del pleno del Senado. El líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, se ha mostrado contrario. Y otros destacados conservadores dudan de limitar el poder presidencial en un asunto tan explosivo. Otra corriente considera, en cambio, que debe prevalecer la independencia del fiscal especial. Estas diferencias pueden resultar decisivas en el plenario, donde la ventaja republicana es de solo dos escaños (51 frente a 49).
La propuesta surge, de hecho, de un grupo de senadores de ambos partidos. Su objetivo es frenar un posible ataque presidencial. Para ello, circunscribe la capacidad de destituir al Departamento de Justicia e instaura un mecanismo de revisión urgente. En caso de despido, un comité analizaría el caso y, si advirtiese que la causa no es justa, lo anularía.
Salga adelante o no, la decisión del Comité Judicial del Senado (7 votos en contra, 14 a favor, cuatro de ellos republicanos) revela que el presidente no las tiene todas consigo en la trama rusa. En contra del presidente juega que el prestigio de Mueller sigue siendo muy alto. Director del FBI durante 13 años, ha evitado todos estos meses los focos y se ha centrado en unas pesquisas que no dejan de ampliar su perímetro. Su elección, además, llegó precisamente después de que Trump despidiese al director del FBI, James Comey, por negarse a dar carpetazo a la investigación de la trama rusa.
El nombramiento de Mueller fue decidido por el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, en un intento de acallar las sospechas de que el Departamento de Justicia, del que depende el director del FBI, estaba intentando enterrar las pesquisas. Fue una medida que sorprendió a la Casa Blanca pero que mostró el vigor que aún tienen los contrapesos en la política estadounidense.
