Las tres órdenes judiciales que mantienen vivo la Acción Diferida del 2012 (DACA) no han sido suficientes para apaciguar el miedo entre los dreamers para que se reinscriban en el programa y obtengan otros dos años de amparo de deportación.
“También hemos visto que no todos los que califican para renovar la protección tienen en las mano el dinero ($490) para pagar el costo del trámite. A esto se suma la falta de información”, dice Greisa Martínez, directora de políticas de United We Dream (UWD), la principal organización de soñadores del país.
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Un reciente informe de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), revela que al 31 de marzo la agencia había aceptado cerca de 64,000 solicitudes de renovación de DACA desde el 9 de enero, cuando una corte federal del norte de California le ordenó al gobierno de Donald Trump que restableciera el programa.
De ellas, “se han aprobado aproximadamente 32,000”, dijo a Univision Steve Blando, vocero de la USCIS.
“La cifra representa apenas el 26% del total de soñadores que califican para renovar sus amparos”, dijo Martínez.
DACA fue activado el 15 de agosto de 2014 por el entonces presidente Barack Obama. Pero el 5 de septiembre del año pasado fue cancelado por el gobierno de Trump aduciendo que era inconstitucional porque Obama violó la constitución al cambiar una parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) sin el permiso del Congreso.
El 9 de enero, sin embargo, en respuesta a una demanda interpuesta por varias organizaciones, entre ellas la Universidad de California, una corte federal restableció el programa y argumentó que la cancelación había sido “caprichosa” y “arbitraria”.
Otros dos tribunales federales de Brooklyn, Nueva York, y del Distrito de Columbia, el 13 de febrero y el 24 de abril respectivamente, emitieron fallos similares.
“Pero eso no detiene los temores”, agregó Martínez. “Por ese motivo hace unas semanas lanzamos una campaña en varios estados para darle confianza a los dreamers que califican a que se inscriban, que renueven sus amparos de deportación y también sus permisos de trabajo”.
