El 20 de mayo no habrá elecciones libres ni creíbles en el país, aseguraron 43 ONG que cuestionan la cadena de irregularidades que se han producido en el proceso comicial y que consideran son atribuibles al gobierno. Exigieron la suspensión de la contienda y reprogramarla para el último trimestre de 2018.
Entre los argumentos esbozados figuran los obstáculos para el derecho a la libre asociación política, la fecha de los comicios como acto de ventajismo, la violación del Acuerdo de Garantías Electorales, el lapso insuficiente para el Registro Electoral, una campaña con ventajismo del gobierno, el desequilibrio informativo y la ausencia de confianza en el sistema automatizado.
Las ONG rechazaron la permisividad del Consejo Nacional Electoral ante violaciones de las leyes: “El gobierno monta las elecciones a su medida, cometiendo irregularidades y violando la Constitución, en función de lo que ha hecho en los comicios anteriores: puntos rojos donde los electores luego de sufragar están obligados a registrar el carnet de la patria, instalaciones muy tempranas de las mesas para dejar fuera los testigos de los otros candidatos, cierre tardío de los centros aunque no haya votantes, entre otros”.
Denunciaron que el Ejecutivo inició la campaña presidencial desde enero y antes de que los comicios fuesen convocados. “El PSUV con la denominada maquinaria roja ha realizado de manera sistemática acciones de coacción e intimidación del voto a través del chequeo de votantes en listas 1×10 y anuncios del uso del carnet de la patria”, añadieron.
“La ausencia de elecciones democráticas tiene su origen en la falta de independencia de poderes que hace que en Venezuela se confunda Estado con gobierno. De allí el empleo del carnet de la patria como un elemento de control social y electoral, y que los comicios hayan sido diseñados como un mecanismo para mantener a Nicolás Maduro en el poder”, expresó Carlos Patiño, coordinador de Elegibilidad de Provea, una de las organizaciones que pide suspender las presidenciales y que ayer introdujo la petición ante el Tribunal Supremo de Justicia.
La directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, sostuvo: “El presidente canjea votos con la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos”. Añadió que el poder político erosionó el derecho al sufragio, a la participación política y a la libre asociación, “para procurarse un sistema comicial sin adversarios de peso para competir”.
En un comunicado, las ONG indicaron que la coerción en el ejercicio del voto, a cambio de prebendas, ha sido reconocida por el propio Nicolás Maduro. En un acto de campaña ayer, en Charallave, el aspirante a la reelección reiteró: “El premio por votar el 20 de mayo, va”.
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Las ONG rechazan la convocatoria de los comicios por parte de la constituyente, cuyo origen consideran fraudulento. Acceso a la Justicia critica que el gobierno quiera imponer la ANC como un suprapoder. Condenan la inhabilitación política de la mayoría opositora y el lapso insuficiente de 20 días fijado para la actualización y la inscripción en el RE.
La sociedad civil también denunció el incumplimiento del Acuerdo de Garantías Electorales por parte del CNE y recordó las dudas que Smarmatic arrojó, en 2017, sobre el sistema automatizado.
Lucena rechaza “injerencia”
La presidente del CNE, Tibisay Lucena, rechazó los señalamientos de la comunidad internacional que ha solicitado la suspensión de las presidenciales. “A esos gobiernos extranjeros que con su injerencia grosera llaman a que se suspenda un proceso electoral, aquí este poder electoral les dice: no son gobiernos extranjeros de injerencia grotesca, grosera e inmoral el que le dicta al Poder Electoral lo que tiene que hace”.
Señaló que lo único que el Poder Electoral acepta de los gobiernos del mundo es que aprendan del sistema de votaciones venezolano y de la forma cómo se realizan “procesos electorales transparentes y cívicos”.
El Grupo de Lima, reunido el lunes en México, hizo un último llamado al gobierno para que suspenda los comicios del próximo domingo 20 de mayo. Ratificaron su condena al régimen de Maduro que califican de autoritario, y ratificaron que las elecciones no son “libres, justas ni transparentes”.
