SANTO DOMINGO, D.N.- La Procuraduría General de la República (PGR) depositó este jueves la acusación formal y solicitó apertura a juicio en contra de siete personas, implicadas en los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país para la adjudicación de obras públicas.
La acusación fue presentada al juez de la Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández, y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
El Ministerio Público le atribuye a dichos imputados incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, descritos y sancionados en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, y los artículos 145, 146, 166, 167, 169, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículo 3 letras A, B y C, artículo 4 y 8 letra B, 18 y 21 letra B y 26 de la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
En una declaración de prensa, ofrecida al país por el procurador general de la República, doctor Jean Rodríguez, el jefe del Ministerio Público resaltó el trabajo llevado a cabo durante el proceso de investigación a cargo de un equipo multidisciplinario de más de 50 personas, entre los que se encuentran miembros de carrera del Ministerio Público experimentados en materia de corrupción, procuradores adjuntos, procuradores generales de cortes y fiscales de larga de trayectoria, litigantes, agrimensores, tasadores, contables, auditores forenses, así como técnicos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar los perfiles de cientos de personas.
Los fiscales a cargo de la investigación contaron con un grupo de profesionales de diversas áreas para el análisis societario y financiero de cada una de las personas, tanto físicas como jurídicas que fueron investigadas durante el proceso.
Asimismo, el procurador explicó que durante la investigación el Ministerio Público de la República Dominicana hizo múltiples solicitudes de cooperación jurídica internacional a Brasil, Estados Unidos, Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, España y Panamá, cooperación que resultó altamente provechosa para poder hoy presentar acusación formal en contra de los siete imputados.
De igual manera, detalló que como parte de las diligencias investigativas, procedió a solicitar a todas las instituciones del Estado que contrataron con la constructora Norberto Odebrecht, la entrega de la documentación que sustentara los contratos cerrados con la empresa brasileña, incluyendo la identificación de todas las personas que intervinieron en los procesos de negociación y licitación de obras, tales como ministros, viceministros, consultores jurídicos y asesores, así como legisladores que intervinieron en las dinámicas legislativas de aprobación.
La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, incluyó además el requerimiento a Odebrecht de toda la información sobre las fechas, montos y formas de pagos que realizaron en la República Dominicana para la realización de las obras contratadas, además, allanamientos a las oficinas de dicha empresa e interrogatorios a los responsables de Odebrecht en el país, a empresarios y a distintos funcionarios que por su cargo pudieran tener alguna relación con las obras realizadas.
“Fueron estas diligencias iniciales las que nos permitieron identificar las obras de Odebrecht, a los intervinientes relevantes en cada una de ellas y establecer el modus operandi de la compañía”, expresó el máximo representante del Ministerio Público.
Además, explicó que se requirió información a más de 40 instituciones públicas y privadas, entre las que se encuentran la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, instituciones a las que se les requirió todas la informaciones financieras de las personas físicas y empresas que interactúan con el sistema financiero nacional.
Igualmente de la Junta Central Electoral, dijo que se requirió la validación de los datos familiares de cada uno de los imputados, identificando a cada uno de sus vinculados.
Por igual, detalló que fue solicitada a las Cámaras de Comercio y Producción del país todas las informaciones de las empresas en las que fueran socios o accionistas los imputados e incluso sus familiares y relacionados, procediendo a solicitar a su vez información de cuentas, transacciones, certificados, préstamos y cualquier otro tipo de información financiera de estas compañías.
En tanto que a la Dirección General de Impuestos Internos les fueron solicitadas las informaciones de índole tributaria, mobiliaria e inmobiliaria de los imputados, familiares, relacionados y sociedades vinculadas. También, fueron investigados en los registros de títulos del país, más de 500 inmuebles registrados a nombre de todas esas personas y sociedades con el objetivo de verificar la naturaleza real del patrimonio de cada uno.
El procurador Rodríguez explicó que en el caso de los funcionarios y sus familiares, se llevó a cabo una investigación en la Tesorería de la Seguridad Social para confirmar los salarios devengados y reportados, y así poder compararlos con sus gastos y flujos en el sistema financiero; de la misma manera, dijo que solicitaron a las instituciones del Estado los ingresos percibidos y se procedió a analizar, si sus movimientos y productos financieros, así como los bienes mobiliarios e inmobiliarios, podían ser justificados.
Asimismo, se verificó si tenían fuentes de ingresos adicionales a los sueldos percibidos o empresas en operación que pudieran justificar el estilo de vida y las condiciones económicas ostentadas.
En su declaración de prensa, el magistrado Rodríguez valoró la investigación como el resultado de un arduo trabajo, que implicó investigar a más de 400 personas y compañías, resultando de la misma una exhausta revisión de más 800 mil transacciones y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos, entre los que se encuentran cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito y certificados, lo que ha permitido recolectar los elementos de prueba que sustentan la acusación.
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Producto de esa investigación, en adición a las 14 personas imputadas inicialmente por el Ministerio Público, dicho órgano de justicia, además procedió a someter al señor Jesús Antonio Vásquez Martínez, cuyas investigaciones lo vinculan a los sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público estableció que en las investigaciones realizadas no se encontraron evidencias suficientes que vincularan a los señores César Domingo Sánchez Torres, Bernardo Castellanos de Moya, Juan Temístocles Montás Domínguez, Julio César Valentín Jiminián, Máximo De Oleo, Alfredo Pacheco Osoria, Ramón Radhamés Segura y Ruddy González a los delitos de sobornos, prevaricación y lavado de activos, por lo que dijo se procedió al archivo provisional de los mismos, bajo reserva de que si aparecieran nuevas evidencias se procedería de acuerdo a lo que establece la norma procesal.
Con la presentación de la acusación contra exministros, senadores, exsenadores, diputados, directores, empresarios y abogados, los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vázquez Martínez, dijo se marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
Tras explicar los resultados de la investigación, el magistrado Rodríguez expresó “sin pruebas, no hay proceso, por lo que no nos podemos permitir atar la suerte de expedientes fuertes y contundentes con los de otros que no cuentan con evidencias suficientes para resistir un escrutinio en esta fase final del proceso. Si lo hiciéramos, estaríamos haciéndoles un flaco servicio a la justicia y a la nación”.
Con relación a las sobrevaluaciones, el procurador general explicó que los resultados de la investigación realizadas sobre los sobornos que pagó Odebrecht y que hoy presentó al país, no afectan la investigación de las eventuales sobrevaluaciones de las obras, por ser estas dos investigaciones independientes, y que una vez recibidas las auditorías forenses solicitadas a la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público procederá a realizar el análisis y las investigaciones correspondientes.
Sobre la termoeléctrica Punta Catalina, explicó que procedió a realizar una investigación independiente y objetiva con relación a esa obra en particular, evaluando los contratos de construcción para verificar si existieron irregularidades o incumplimiento a las normas de contratación de obras del Estado e igualmente se realizó una investigación profunda sobre los alegatos de que se habían repartidos sobornos para la adjudicación de la obra en el Congreso Nacional, sin que se encontraran evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra, así como tampoco en el financiamiento de la misma.
Explicó también que se hizo una evaluación pormenorizada al informe preparado por la comisión investigadora del proceso de licitación y adjudicación de Punta Catalina, a pesar de no tener éste carácter vinculante para el Ministerio Público, todo en aras de arrojar luz a la investigación.
El jefe del Ministerio Público reiteró la calidad, contundencia y lo irrebatible de las pruebas presentadas en la presente acusación, la cual responde a una investigación rigurosa, amplia y profunda, donde no quedó ningún detalle fuera de la misma, por lo que expresó que “este es el expediente más meticulosamente elaborado y completo en materia de corrupción presentado en el país”.
Al término de su declaración de prensa, el procurador Jean Rodríguez resaltó la voluntad, responsabilidad y el compromiso que ha asumido el Ministerio Público desde el primer momento de este caso para procurar justicia y dijo confiar en que ahora el Poder Judicial hará lo mismo, actuando apegado al mandato de la ley, por lo que pidió a la sociedad un voto de confianza en el sistema de justicia dominicano.
Acusación contra los siete imputados
Ángel Rondón Rijo, como autor de los delitos de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos, todos en perjuicio del Estado Dominicano.
Víctor José Díaz Rúa, como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad en escritura pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, como cómplice en el delito de soborno, y como autor de los delitos de enriquecimiento patrimonial derivado de actividad delictiva y lavado de activos.
Porfirio Andrés Bautista García, como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Tommy Alberto Galán Grullón, como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Juan Roberto Rodríguez Hernández, como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Jesús Antonio Vásquez Martínez, como autor de prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
