La muerte de una mujer por un disparo fortuito cuando paseaba por San Francisco ha desatado dudas sobre la protección que los inmigrantes irregulares tienen en algunas partes de EE UU frente a la deportación. El pasado 1 de julio Kathryn Steinle, de 32 años, paseaba con su padre por el turístico muelle 14 de San Francisco cuando de pronto fue alcanzada por una bala perdida que le alcanzó en la aorta. Murió antes de llegar al hospital. Pocas horas después fue detenido como presunto autor del disparo Juan Francisco López Sánchez, de 45 años, un mexicano sin papeles que había sido deportado cinco veces.
Sánchez estaba buscado por la policía de fronteras (ICE) para deportarlo de nuevo. Estuvo detenido en una prisión federal hasta marzo por haber entrado ilegalmente al país y al salir fue llevado a San Francisco porque tenía allí una orden de arresto por un asunto de drogas. ICE, un cuerpo federal dependiente del Departamento de Interior, pidió a la policía de San Francisco que le notificara en caso de que dejara en libertad a Sánchez, para poder detenerlo ellos y seguir adelante con la deportación. Los cargos fueron desestimados, Sánchez quedó en libertad y la policía de San Francisco no lo notificó a ICE.
San Francisco es lo que se conoce como una ciudad santuario. Es política oficial que las autoridades locales no dan información sobre inmigrantes irregulares, si no tienen antecedentes criminales graves, a la autoridad federal encargada de deportarlos. De esta forma, pueden acceder a servicios municipales sin temer la deportación. Unas 200 ciudades en EE UU son santuarios en algún grado. Entre ellas Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Miami, las ciudades con más inmigrantes irregulares. Tras una detención, la policía no entrega a un inmigrante irregular a ICE a no ser que esté buscado por un crimen violento.
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No es el único. El senador Rand Paul, ha prometido presentar una ley para cortar todos los fondos federales a las ciudades santuario “hasta que cumplan la ley”, según una comunicación a sus partidarios. Otros senadores republicanos ya están trabajando en lo mismo.
La situación ha generado una polémica que, por lo pronto, ya ha obligado a algunas figuras notables del Partido Demócrata a cuestionar la actuación de San Francisco y ha resquebrajado el discurso demócrata en un asunto que hasta ahora no era cuestionado. La candidata Hillary Clinton fue preguntada por el tema en su primera entrevista en televisión y dijo: “Cualquier ciudad debe escuchar al Departamento de Interior, que creo que les urgió a deportar a este hombre (…) Creo que la ciudad cometió un error al no deportar a alguien que el Gobierno federal pensaba que debía ser deportado”. El alcalde de San Francisco, Ed Lee, habló el miércoles pasado para decir que el sheriff tenía que haber avisado a ICE. Por su parte, el sheriff Ross Mirakami ha dicho que eso habría violado las leyes que el propio alcalde ha apoyado para el condado. Hace solo un mes, Lee recibía la visita de Clinton en campaña. La senadora por California Dianne Feinstein escribió una carta a Lee criticando duramente la puesta en libertad del sospechoso. La pregunta ha llegado hasta la Casa Blanca, donde el portavoz respondió recordando que el presidente ha pedido que se reformen las leyes sobre acceso a las armas de fuego.
Además de la espiral de reacciones en la que unos tratan de convertirlo en un caso sobre inmigración y otros en un caso sobre las armas de fuego, la investigación se ha ido complicando en los días siguientes. La pistola de la que salió la bala calibre .40 que mató a Steinle fue encontrada en el agua cerca del muelle. Resultó ser una pistola de un funcionario federal que estaba de vacaciones y al que se la robaron de su coche de alquiler el pasado día 27. López Sánchez asegura que se encontró la pistola envuelta en una camiseta en el muelle y que el disparo fue un accidente. El martes pasado, en su primera comparecencia ante un juez, Sánchez se declaró no culpable del cargo de asesinato en primer grado.
