Brasil vivió este domingo un conflicto judicial por la potencial liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), condenado y encarcelado por corrupción. El juez de apelación Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal-4 (TRF-4), una corte de segunda instancia, ordenó su puesta en libertad urgente, pero su decisión no se llegó a ejecutar.
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El Tribunal Regional Federal-4, una corte de segunda instancia, inferior a la Suprema Corte, ya había negado peticiones de habeas corpus a Lula. Pero el juez Favreto —quien hasta 2010 formaba parte del PT— argumentaba en su decisión que la pre-candidatura de Lula a las elecciones del próximo octubre (la candidatura oficial será anunciada en agosto) es un “episodio nuevo” que afecta a su condición de preso, por lo que se debe permitir su plena libertad para que pueda cumplir la aspiración de participar de hecho en el proceso democrático. El expresidente encabeza todas las encuestas, aunque el Tribunal Superior Electoral podrá suspender la candidatura a partir de agosto debido a su condena en segunda instancia. Favreto señalaba también ilegalidades en la decisión de encarcelar al expresidente. En su opinión, existe una “ausencia de fundamento”, por no haber respetado la posibilidad de presentar recursos a los que Lula aún tenía derecho antes de ser detenido.
El juez Sergio Moro, encargado de las investigaciones de la Operación Lava Jatoen Brasil, sobre la trama de corrupción en la petrolera pública Petrobras, y enemigo número uno de Lula, puso en duda la potestad del juez Favreto para ordenar la puesta en libertad del expresidente, cuando tres jueces de ese tribunal ya habían decidido lo contrario. Lo hizo desde Portugal, donde pasa sus vacaciones. “Es autoridad incompetente para sobreponerse a la decisión conjunta de los jueces del TRF-4 y de la Corte Suprema”, escribió el titular de la Justicia Federal en Curitiba, en el Estado de Paraná, donde Lula está preso. Una fiscalía regional que actúa en la misma jurisdicción que el TRF-4 también se manifestó en contra. Tres expertos entrevistados por EL PAÍS opinaron que el juez de guardia sí tenía poder para llevar adelante la decisión de excarcelar a Lula. Todo indica que este nuevo episodio va a incendiar la batalla jurídica que se estableció en Brasil desde que comenzó la investigación judicial del caso la Lava Jato en 2014.
Tras la manifestación de Moro, el juez de apelación Favreto ordenó otra vez que se cumpliera “con urgencia” la excarcelación por parte de cualquier autoridad policial presente en la cárcel de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde se encuentra recluido Lula. A esta pugna judicial se sumó un tercer juez del Tribunal Regional Federal-4, João Pedro Gebran Neto, quien bloqueó la orden de liberar al expresidente. Argumentaba que era él el responsable del caso Lula en segunda instancia, y que por tanto le tocaba a él decidir sobre la liberación de Lula, aunque no estuviera de guardia.
Una vez más, Favreto volvió a ordenar la excarcelación de Lula y dio el plazo de una hora para que el expresidente dejara la cárcel. Finalmente intervino el presidente del Tribunal Regional Federal-4, el juez Carlos Eduardo Thompson Flores. A las 19.30 de la tarde (las 00.30 de la madrugada del lunes en la España peninsular), el magistrado decidió que Lula siguiera encarcelado. En resumen, argumenta que no le tocaba a un juez de guardia analizar y decidir sobre el caso Lula, que debe seguir en manos del juez Gebran Neto.
