Huestes armadas bajo órdenes del presidente Daniel Ortega y oficiales antidisturbios causaron en 24 horas una de las peores matanzas registradas en Nicaragua desde abril, cuando estallaron las protestas contra el Gobierno. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) dijo a EL PAÍS que se han registrado al menos 17 fallecidos en las ciudades de Diriamba y Jinotepe –localizadas a 40 kilómetros de la capital–, que han sido fuertemente asediadas desde el domingo. Este lunes el cardenal Leopoldo Brenes, junto a obispos de la Conferencia Episcopal y el representante del Vaticano, Stanislaw Waldemar Sommetarg, fueron violentamente agredidos por las turbas gubernamentales cuando llegaron a Diriamba a mediar para pacificar la ciudad. Entre los heridos está Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua.
“Fui asediado por una turba enardecida que quería ingresar a la Basílica San Sebastián de Diriamba. Fui herido, golpeado en el estómago, me arrebataron las insignias episcopales, como el pectoral, y fui agredido verbalmente”, contó Báez a este diario minutos después de la agresión. “Logramos liberar la Basílica y a las personas que estaban dentro”, agregó el religioso. Pobladores de Diriamba se habían refugiado en el templo tras el ataque combinado de grupos antidisturbios y parapoliciales a esta ciudad, denunciado por organismo de derechos humanos.
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Entre los fallecidos tras el ataque del domingo están dos policías, uno de ellos identificado como Faber Antonio López, de 23 años. Su madre, Fátima Vivas, responsabilizó este lunes a la Policía por el asesinato de su hijo, quien, dijo, había pedido la baja de la institución, pero se la negaron. La mujer relató que un oficial superior había amenazado con matar al joven si este insistía en exigir su baja. Entre los muertos de Diriamba también está un joven estudiante de Empresariales, de nombre José Narváez Campos, de 22 años. Los jóvenes han sido las principales víctimas en la tragedia que desde hace 83 días vive este país centroamericano. Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) la violencia ya ha dejado 310 muertos, de los que 20 son menores de edad, incluidos niños de apenas 15 meses.
“El país está sometido a un estado de terror, con un nivel de violencia extremo e ilimitado”, dijo Gonzalo Carrión, asesor jurídico del CENIDH. “El ataque de hoy a los obispos no fue espontáneo, sino que ha sido una acción premeditada, cuya responsabilidad es del Gobierno, una dictadura dinástica”, agregó. Para Carrión, sin embargo, este tipo de acciones violentas tiene “el efecto contrario al terror que quieren sembrar, porque multiplica el repudio de la gente contra el Gobierno, cava más el hundimiento del régimen”.
